Condenados por los golpes propiciados por una crisis económica global desatada en el año 2008, muchos han sido los ayuntamientos que no han tenido otra opción que apostar por los recortes para sobrevivir a un período de estrecheces lleno de baches. Y la cartera de servicios sociales ha sido una de las más perjudicadas.
De hecho, aunque algunas voces empiezan a mentar el término «recuperación», en diversos foros económicos, el legado de estos años difíciles aún está muy presente en el día a día de los equipos de gobierno que tomaron las riendas de las corporaciones en los últimos comicios locales.
Y en algunos casos la situación es bastante peliaguda. Un total de doce consistorios de la Comunitat Valenciana gastan actualmente menos de 36 euros por habitante al año en servicios sociales, engrosando una lista que integra a 37 poblaciones de más de 20.000 residentes en España. Una de cada tres poblaciones en esta situación se encuentra ubicada en tierras valencianas.
Así lo atestiguan los datos de un reciente informe publicado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, una entidad formada en 1994 que cuenta con representación en todo el territorio nacional.
Localidades «pobres»
Los autores del documento definen a estas 37 localidades concretas como «pobres en servicios sociales» y lo hacen por analogía con las personas en esta situación: «Si llamamos pobres a aquellas personas que tienen ingresos inferiores al 60 % de la mediana de la renta, lo mismo ocurre con los ayuntamientos con presupuestos inferiores al 60% de la mediana de los presupuestos en materia de servicios sociales», apuntan.
Seis poblaciones pertenecientes a la provincia de Valencia entran en esta definición según los datos aportados. Se trata de las localidades de Alboraia (27,5 euros de media, 32.572 residentes), Algemesí (28,69 euros, 27.808 habitantes), Bétera (28,86 ?, 21.846 vecinos), Oliva (32,14 euros, 26.782), Paiporta (33,57 euros, 24.810) y la Pobla de Vallbona (31,97, 22.730 vecinos). Los otros seis municipios valencianos en esta situación están emplazados en Alicante. Son l'Alfàs del Pi (34,87 euros, 21.357 residentes), el Campello (29,67 ?, 27.081 vecinos), Mutxamel (24,59 euros, 24.323 residentes), Sant Vicent del Raspeig (35,90 euros, 55.946 habitantes), Torrevieja (27,75 ?, 91.415 vecinos) y Villena (35,23, 34.540 moradores). No hay ningún representante de Castelló en el listado nacional.
Los datos utilizados en el trabajo proceden de información hecha pública por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De hecho proceden del funcional 23 de la contabilidad de los gobiernos locales en la liquidación de los presupuestos de 2015 y las cuentas de 2016, que define las partidas destinadas a estos servicios. También se han cotejado las cifras con los presupuestos reales descargados de las páginas web municipales.
«Precarios»
Así, junto a los municipios «pobres» en servicios sociales, también se adjunta una lista de 79 ayuntamientos con presupuestos «precarios»: destinan menos de 60 euros a este tipo de proyectos esenciales para el ciudadano, aunque algunos rebasan por poco esa cifra.
El territorio valenciano está representado por un 21 núcleos urbanos, destacando algunos como Xàtiva (39, 01 euros por habitante en 2016), Catarroja (47, 48 ?) o Sagunt (44,91 euros), por citar tres ejemplos.
Los responsables del informe explican que «es una inversión tan escasa que dudamos de su capacidad para prestar los servicios y las prestaciones más básicas a su ciudadanía». Y el problema no acaba aquí. Tal cómo recuerdan los autores del documento, se ha tomado como referencia el dato mínimo de 20.000 residentes en cada localidad. A lo mejor, el escenario es igual o más frágil en pequeñas poblaciones con bolsas de moradores menores en términos cuatitativos.
