La barra libre en la contratación de asesores en la empresa pública Imelsa (Impulso económico local SA) -cuando estaba dirigida por Marcos Benavent y presidida por Alfonso Rus- era de tal calibre que ni los responsables populares en a Diputación de Valencia eran conscientes de cuántas personas tenían en nómina y a qué se dedicaban.

Así lo ha reconocido ante la Guardia Civil el coordinador de asesores del grupo popular de la Diputación de Valencia desde 2007, Andrés Colomer Castells. El responsable de los cargos de confianza populares en la institución provincial declaró el pasado 21 de septiembre, en calidad de testigo, ante los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita.

Colomer Castells relató a los investigadores que existían «dos tipos de asesores: «los que se elegían en el pleno de la Diputación de Valencia y cuyo número variaba en función de la representación» en la institución provincial. Y «otros contratados en Imelsa, designados por el gerente, que desarrollaban sus cometidos laborales en las instalaciones del grupo popular en la Diputación de Valencia por indicaciones del jefe de gabinete [de Rus] Emilio Llopis y del portavoz del grupo popular, Juan José Medina Esteban».

Según el coordinador de asesores «la principal diferencia entre unos y otros es que con unos se contaba desde el primer momento y, los otros, fueron llegando a lo largo de la legislatura». El trabajo diario de Colomer Castells consistía en «controlar que trabajasen y que desempañaran sus funciones con los alcaldes o portavoces en la oposición [del PP] de los municipios que se les asignaban». Aunque, al ser interrogado detalladamente sobre algunos de ellos por la Guardia Civil no tuvo más remedio que admitir que ni siquiera los conocía.

Es el caso de Ángel Ramón Sanchis Rosa, Eva Luisa Sarrión y Miguel Mullor Doménech, los tres en nómina de Imelsa como asesores, a pesar de que el responsable de coordinarlos ni siquiera los conocía, ni sabía qué tareas realizaban.

Algunos de ellos han admitido ante la Guardia Civil que cobraban sin ir a trabajar, por lo que han acabado imputados en la pieza del «Caso Taula» que investiga estos contratos zombis. Eva Sarrión reconoció que «nunca había trabajado en Imelsa». Fue contratada por Marcos Benavent el 17 de septiembre de 2012, aunque nunca se le adjudicó un puesto de trabajo. «Cuando firmó el contrato en el despacho de Marcos Benavent volvió a insistirle en lo del trabajo, pero Marcos le dijo que no se preocupara, porque en su situación había muchas personas», según relata la Guardia Civil. «Por tener un sueldo sin trabajar estaba avergonzada» por lo que «descansó cuando dejó de recibir ese dinero en abril de 2015».

Respecto a Ramón Sanchis, «otra persona que cobró de Imelsa por supuestas funciones de asesor que todo indica que no realizó», durante tres años y cuatro meses, la Guardia Civil recuerda en su último informe sobre los «contratos zombis» la declaración de Marcos Benavent sobre él. «Era una persona que se dedicaba a la confección de calcetines y fue contratado en Imelsa, por indicación de Alfonso Rus, donde nunca desempeñó trabajo alguno».

Por último, el jugador del Olímpic de Xàtiva (que presidía Alfonso Rus), Miguel Ángel Mullor, también estuvo en nómina de Imelsa durante dos años, a pesar de que «no realizó trabajo alguno» ni era conocido por el coordinador de asesores del grupo popular en la Diputación.

Además, los agentes de la Guardia Civil también sospechan de la legalidad de otros dos asesores que, aunque sí tenían «comarcas de asesoramiento asignadas» «cobraban de Imelsa aunque asesoraban al PP en la diputación, careciendo de cometido alguno relacionado con quien le paga», asegura la UCO. E, incluso, otro asesor del PP a sueldo de Imelsa «desconoce incluso las veces que se reúne el consejo de administración» de la empresa pública, relata la Guardia Civil.