El consejo de administración de Divalterra, antigua Imelsa, rechazó ayer contratar por más de medio millón de euros a un abogado penalista para que representara a la empresa pública en el caso Taula. Según publicó ayer Levante-EMV, la idea primigenia de los gestores era adjudicar externamente los servicios de un letrado para que actuara en su nombre los próximos cuatro años, prorrogable otros dos, pero en la reunión ayer de la dirección del ente se decidió paralizar esta adjudicación.
Según explicó el presidente de la diputación, Jorge Rodríguez, «se ha decidido dejarlo de contratar porque tenía una cantidad económica muy importante. Estamos hablando prácticamente de 600.000 euros (con IVA) en un contrato de seis años y vamos a intentar estudiarlo con más detenimiento y si es necesario convocar otro consejo, lo convocamos, pero sabiendo concretamente si merece la pena o no».
Por su parte, Rosa Pérez, diputada de Esquerra Unida -también del equipo de gobierno-, explicó a este periódico que su formación respalda la opción de no externalizar este servicio. «La Generalitat tiene a su abogacía para personarse en estos casos, son muchas las instituciones que tienen sus propios servicios jurídicos. Estamos hablando de mucho dinero. Con esa cantidad hay de sobra para abrir un concurso y ofertar una plaza en oposición para que la personación en Taula, que es un tema muy delicado, la haga alguien 'de la casa'», apuntó Pérez.
Además, una de las condiciones de la adjudicación era que la experiencia contaba el 90 %, dejando solo el 10 % para el factor económico. De esta manera, se restringía el acceso a muchos posibles aspirantes.
La contratación se ha planteado después de que el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción hayan admitido la personación como acusación particular de Divalterra en el caso Taula, donde se investiga, entre otros asuntos, el pago de mordidas y comisiones a cambio de contratos en la corporación provincial y en la antigua Imelsa.
