Los municipios valencianos disfrutarán en 2017, si nada se tuerce, del anhelado fondo de cooperación local, que suena desde que empezó el siglo. La mitad de los ochenta millones previstos en las cuentas de la Generalitat los han de poner las tres diputaciones. El plan supone, de esta manera, restar competencias a las corporaciones provinciales, al perder una parte importante de los recursos económicos de que disponen actualmente y que se transferirán a los municipios.
En la práctica, el presupuesto que ahora distribuyen en distintos departamentos „algo que se ha cuestionado históricamente porque los criterios han sido con frecuencia poco transparentes„ se verá menguado.
El ejemplo más cercano es la Diputación de Valencia, en manos de PSPV, Compromís, EU y València en Comú. Es la única institución provincial que ha respaldado el plan del Consell, si bien no sin algunas tensiones internas entre los socios. La entidad que encabezan Jorge Rodríguez y Maria Josep Amigó maneja anualmente de 70 a 80 millones de euros para inversiones reales. De esos, el año próximo deberá destinar 20,6 millones „la misma parte pone la Generalitat„ al fondo de cooperación municipal.
Si se tiene en cuenta que otros 34 millones, aproximadamente, irán al plan provincial de obras y servicios de los ayuntamientos, sucede que quedarán en torno a veinte para el resto de inversiones propias de la corporación: carreteras, exposiciones e iniciativas deportivas o musicales, como Sona la Dipu. En Castelló, la previsión es que cada parte, Generalitat y
corporación, ponga seis millones.
Puede entenderse de esta manera la reacción airada en contra del plan de las diputaciones de Alicante y Castelló -en manos del PP-, ya que el proyecto deviene de facto en una herramienta de vaciado de las entidades provinciales
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Se trata de pasar a creer más en los ayuntamientos que en las corporaciones provinciales, a las que la izquierda considera por naturaleza un anacronismo, heredero del siglo XIX.
El nuevo fondo dejará a los ayuntamientos dedicar el dinero tanto a gasto corriente como a inversiones. Rodríguez ha defendido que los municipios «son mayores de edad y sus alcaldes, los que mejor conocer las necesidades».
Las diputaciones han sido uno de los principales focos de corrupción en los años de la burbuja: alrededor suyo crecieron redes clientelares como la destapada en el caso Taula.
