La senadora y exalcaldesa de Valencia por el PP Rita Barberá ya ha llegado al Tribunal Supremo, donde será interrogada en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia en el marco de la 'Operación Taula', derivada del 'caso Imelsa'. La exmandataria llega al tribunal tras pedir voluntariamente comparecer ante él.

El Supremo investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como «pitufeo», supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de la ciudad. Barberá ha llegado a las 10.00 horas al Alto Tribunal, pese a que tenía cita para media hora más tarde, para que el magistrado Cándido Conde Pumpido la pueda interrogar antes de decidir si pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa.

La exalcaldesa de Valencia ha entrado en la sede del Supremo sin hacer declaraciones a los medios, tras llegar en un taxi acompañada de su abogado, José Antonio Choclán.

La causa abierta por el TS se apoyó en el informe favorable del fiscal y deriva de la exposición razonada que envió al alto tribunal el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el denominado Caso Imelsa. La investigación se relaciona con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros.

Asimismo se indaga si con donaciones de mil euros de concejales y asesores que todos los investigados reconocen haber efectuado y que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500, se trató de blanquear ese dinero de supuesta procedencia ilícita.

La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas investigadas, más el PP como persona jurídica. Esa parte del caso sigue en Valencia. La sala admitió la semana pasada la personación del PSOE tras haber satisfecho la fianza de 3.000 euros. Por otro lado, C's aseguró ayer que si su formación estuviese gobernando Barberá comparecería en un juzgado ordinario y no en el Tribunal Supremo, al acabar con los aforamientos.