La jueza del «Caso Blasco» ha pedido al Fiscal Anticorrupción que interviene en la causa que justifique la intervención y el análisis por la policía del ordenador utilizado en la cárcel por el empresario Augusto César Tauroni para conectarse a internet a través de un ordenador portátil.
El director del centro penitenciario de Picassent ha admitido en un escrito dirigido a la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia que el empresario condenado a seis años por el desvío de las ayudas a la cooperación había podido conectarse a internet a través de un portátil que los responsables del centro le permitieron usar para preparar su defensa en las dos causas que tiene pendientes, a pesar de que el acceso a internet por parte de los presos está totalmente prohibido. Una información que fue adelantada por Levante-EMV y que desde Instituciones penitenciarias negaron tajantemente. «No se puede informar de nada porque no hay nada de qué informar», aseguraron.
La jueza del «Caso Blasco» también rechazó investigar los hechos y practicar ninguna diligencia «teniendo en cuenta que no existe constancia alguna de tipo oficial de la veracidad de los hechos que se publican en el artículo de prensa que acompaña al escrito», en referencia a la noticia adelantada por Levante-EMV el 23 de octubre. No obstante, la magistrada instaba a la Fiscalía Anticorrupción a «llevar a cabo las gestiones oportunas, mediante diligencias de investigación penal» para averiguar los hechos y, si encontraba indicios «de interés» que se los comunicara. Aunque ahora que los responsables del centro penitenciario han reconocido los hechos y el acceso prohibido a internet, la jueza vuelve a requerir que se justifique el rastreo del ordenador portátil por parte de la policía.
En una providencia dictada por la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, el pasado 14 de noviembre, la magistrada reclama a la Fiscalía que realice un informe sobre «la competencia de este juzgado para acordar la práctica de la diligencia» solicitada para que la Brigada de Investigación Tecnológicas examine el ordenador. La jueza alude para esta petición al artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que prevé que «cada delito dé lugar a una única causa» y sólo se investiguen de forma conjunta los delitos conexos.
La magistrada también solicita a la Fiscalía Anticorrupción que justifique la «procedencia de adoptar» el examen del ordenador usado por Tauroni «atendiendo a los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad que requiere la diligencia» solicitada por la Fiscalía, al amparo del artículo 588 bis de la Lecrim que regula la utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y los descubrimientos casuales en una causa judicial. La información que contenga el ordenador podría ser relevante en la instrucción de las dos piezas separadas que aún investigan el desvío de fondos para un hospital en Haití (que nunca se construyó) o de ayudas previstas para Perú, Guinea y Tailandia que tampoco llegaron a sus legales destinatarios.
