La coordinadora general del PPCV, Eva Ortiz, afirmó ayer que el caso Divalterra, empresa dependiente de la Diputación de Valencia, «demuestra por qué el PSPV y Compromís no quieren controles de ningún tipo». Ortiz lamentó que la diputación «funcione como una subsede del Consell, donde tampoco gustan los controles y hacen todas las piruetas posibles para no contar con el Consell Jurídic Consultiu, con el Consejo Económico y Social e incluso con la Abogacía de la Generalitat».
«Contratos a dedo, fraccionamientos y pagos a la abogada que ha defendido „al exnúmero tres del PSPV„ José Manuel Orengo en varias causas, es el saldo que arroja Divalterra, que fue presentada como el renacimiento de la Diputación de Valencia», denunció.
Según Ortiz, «llama la atención que después de cada caso turbio del socialismo valenciano acabe apareciendo el nombre de Orengo, uno de los hombres de confianza de Puig, y que el president de la Generalitat siga mirando a otro lado».
La dirigente popular criticó que «Puig y Oltra mantengan silencio sobre un caso que les afecta a los dos, puesto que la gestión de Divalterra está compartida por socialistas y Compromís», recordó. «Si esto fuera un caso del PP no habrían tenido suficientes minutos para hablar. Como les afecta a ellos se mantienen en silencio esperando que escampe. ¿Es que no tienen nada que decir?», se preguntó.
Por su parte, el portavoz socialista en la diputación, Pablo Seguí, apuntó que «la única vergüenza de Divalterra» son «las grabaciones que investiga un juez en las que parece que el PP usó la institución „antes Imelsa„ como cortijo de amigos para repartirse millones de los valencianos».
El socialista indicó en un comunicado a la portavoz del PP en la corporación provincial, Mª Carmen Contelles, que en todos los años de gestión de los populares al frente de la Diputación y de la empresa pública Imelsa «el procedimiento de contratación era inexistente y, presuntamente, como se investiga en el 'caso Taula', el partido de Contelles utilizaba la institución para robar».
Seguí respondió así a las manifestaciones de su homóloga en el PP sobre el informe presentado por el auditor de Divalterra en el consejo de administración de la empresa pública, en las que la responsable popular aprecia irregularidades de las que ha exigido explicaciones.
En este sentido, el socialista destaca que «desde que este gobierno entró en la diputación existe un procedimiento fiscalizado de contratación», y añade que «el PP, que ha protagonizado la época más oscura de esta institución, no puede dar lecciones de gestión».
