Cuando el Ayuntamiento de Valencia le ofreció un contrato de trabajo, a través de una empresa subcontratada, para dar clases de pintura en tela en un centro de jubilados de la ciudad pensó que su suerte comenzaba a cambiar. Hoy, sin embargo, se arrepiente. No por el trabajo, que le encanta, sino por los pocos ingresos que percibe (unos 70 euros al mes en el mejor de los casos) y por lo que ha supuesto volver a contar como un «activo» para la Seguridad Social. Y es que ahora debe pagar el 40% del coste de sus medicamentos. «El Estado no valora ni tiene en cuenta tu situación laboral. No le importa si trabajas 8 horas al día o tres a la semana, ni si es media jornada o un salario tan mínimo que da risa», afirma.
Por eso, Amparo Gil quiere contar su situación. «Es un problema de la ley y nos afecta a muchísimas personas. Y ahora que llega la Navidad y los contratos temporales... la gente debe saber lo que le puede pasar. Si llego a saber lo que me esperaba hubiera rechazado la oferta laboral porque ahora me cuesta dinero ir a trabajar y a partir de enero más aún porque caduca el bono transporte de la EMT para parados con bajos ingresos. Ahora me desplazo por la ciudad por 13 euros al año. Pero en enero seguiré con una renta bajísima, pero ya no seré una parada y no cumpliré los requisitos así que me quedaré sin la renovación del bono transporte», explica.
A sus 45 años, tras pasar un año sin percibir ingreso alguno „sus años de cotización fueron como autónoma y cuando cerró su negocio hace dos años se pasó un año «a dos velas»„ consiguió un único ingreso de 426 euros por la Renta Activa de Inserción (RAI), una ayuda prevista para personas mayores de 45 años, uno de los colectivos más vulnerables a la hora de encontrar un empleo. La ayuda, además, supone la exención en el pago de los medicamentos, un tema que no es baladí para Amaparo Gil, sobre todo si se tiene en cuenta que esta mujer, enferma y con varios tratamientos, emplea una media de entre 100 y 120 euros mensuales en la farmacia.
Además, la ley del copago farmacéutico „impuesta en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy„ contempla que también están exentos de pagar los medicamentos «los parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación».
Por decreto ley
Eso quiere decir que, en cuanto una persona vuelva a estar dada de alta en la Seguridad Social debe pagar un tanto por cien de sus medicinas. Cobre lo que cobre, ingrese lo que ingrese o trabaje las horas que trabaje. Si hay trabajo no hay exención. Y el sistema interno con el que trabaja la Administración así lo reconoce de forma inmediata.
Por eso, cuando Amparo Gil acudió a su visita con el otorrino „para recoger las recetas de la medicación que precisa de por vida tras la operación a la que fue sometida tras un accidente de tráfico„ el médico le advirtió de que en el sistema constaba un copago farmacéutico del 40%.
Ella pensó que era un error. En la farmacia, sin embargo, se lo volvieron a confirmar. «Es acción, reacción. El cambio de mi situación laboral ya consta en la tarjeta SIP», asegura. Además, la mujer se quería llevar otros medicamentos, también recetados, para tratar el colesterol y la hipertensión. Los dejó en la farmacia, guardados en una bolsa a su nombre. Si hoy ha conseguido los más de 20 euros que tiene que pagar por el copago farmacéutico irá a recogerlos. Si no, lo hará cuando tenga el dinero. No tiene otra opción.
«Pierdo el copago farmacéutico, el transporte casi gratuito para desempleados... por un contrato de tres horas semanales a 7 euros la hora. Mi nómina del mes pasado fue de 70 euros y no gano siempre lo mismo porque los días festivos no se recuperan. No tiene ningún sentido y me parece muy injusto», denuncia la mujer.
