La investigación judicial para resolver si Ribera Salud cobraba comisiones por cada prótesis que se implantaba en sus hospitales a espaldas de la Conselleria de Sanidad podría ser la llave que estaba buscando la responsable del área para deshacerse, definitivamente y por la vía rápida, de los gestores privados en la sanidad pública.

Si los juzgados establecieran finalmente que ha existido delito en este acuerdo «secreto» entre la filial de Ribera Salud -la plataforma de compras online B2B- y varias de las proveedoras de endoprótesis -las que se implantan en las operaciones- la Conselleria de Sanidad podría terminar rápidamente con unos acuerdos comerciales a los que está atada, en principio, hasta abril de 2024. Aún así, si en el transcurso de la investigación, la administración confirma que Ribera Salud estaba incumpliendo parte de los contratos de gestión que firmó en su día no haría falta esperar al ámbito judicial para la resolución de los contratos por los que la empresa que dirige Alberto de Rosa gestiona cuatro departamentos de salud: Alzira, Dénia, Elx y Torrevieja.

Por lo pronto, la consellera Carmen Montón adelantó ayer que estudiaban personarse en el proceso judicial abierto. Sería una forma de acceder a la documentación que sustentaría la apertura de un expediente sancionador y la reversión. La otra vía de acceder a ella la abrió ayer el departamento que dirige Montón: envió varios requerimiento tanto al gerente de Ribera Salud, Alberto de Rosa, como a los responsables de cada una de las concesiones para exigir que, a más tardar en 15 días hábiles, se le hagan llegar los contratos que tanto Ribera Salud como sus empresas participadas tuvieran con los proveedores de bienes o servicios de las cuatro áreas, independientemente de que estas terceras empresas facturen a Ribera Salud o a la Generalitat, como es el caso de las prótesis.

De esta forma, la conselleria espera contar en dos o tres semanas con el contrato «secreto» entre la empresa B2B y los proveedores de prótesis por el que estos se comprometían a aportar un porcentaje de la facturación en material que hicieran a los hospitales de Ribera Salud en concepto de «cuota».

Además, ya sea a la gerencia de Ribera Salud o de las concesiones, la conselleria ha reclamado la lista de facturas emitidas por los proveedores en 2014 y 2015 y aquellas emitidas por Ribera Salud a las proveedoras. Con estos datos se podría cuantificar el montante de las presuntas comisiones cobradas por Ribera Salud que fuentes de la investigación han cifrado en un millón de euros.

Cláusulas en duda

En esta petición de documentación la conselleria ya apunta qué cláusulas estaría incumpliendo la empresa gestora de los departamentos de confirmarse que mantenía esta relación contractual con los proveedores de prótesis, incumplimientos que podrían sustentar una reversión anticipada de las concesiones sin tener que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones. En este sentido, la administración que dirige Carmen Montón tendría varias opciones para alegar que Ribera Salud habría roto el contrato, desde entrar en la gestión de las prótesis -que pertenece a la Conselleria de Sanidad así como el transporte sanitario o la oxigenoterapia- o realizar la subcontratación de un servicio sin la correspondiente autorización y notificación a la administración pública. Además, el contrato que Ribera Salud mantiene con la conselleria en las concesiones establece que los precios que establezca la empresa con los proveedores no deben desviarse «significativamente» de los establecidos por la Central de Compras pública y que la concesionaria tiene un techo máximo de beneficio de un 7 %, extremos ambos que las facturas deberán confirmar.

PSPV y Compromís ya lo piden

Fuentes de la Conselleria de Sanidad declinaron ayer adelantar cómo iba a afectar la apertura de la investigación judicial y las relaciones contractuales de B2B con los proveedores protésicos en el proceso de reversión de las concesiones que ya se ha activado para Alzira, al expirar el contrato en marzo de 2018.

Quienes ya apostaron por utilizar la situación para revertir los contratos fueron los grupos parlamentarios del PSPV y Compromís. «En términos jurídicos, creo que se puede abrir un expediente sancionador a la empresa y cabría la posibilidad de rescindir la concesión por un motivo de esta gravedad», aseguró el socialistas Manuel Mata.