La investigación por el presunto cobro de comisiones en la implantación de prótesis de Ribera Salud, que se habrían cobrado a través de su central de compras B2B, ha cogido la velocidad de crucero y la fiscalía ya ha solicitado las primeras imputaciones después de conocer el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional, impulsora de las pesquisas tras recibir un anónimo del sindicato Simap. Los agentes que han realizado el primer atestado sobre la causa consideran que estos cobros pactados con los proveedores ortoprotésicos y que ascienden a un millón de euros podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, según explicaron fuentes judiciales.
La Fiscalía provincial ha solicitado la imputación del director general de Ribera Salud, Alberto de Rosa, y de su director financiero, Pablo Gallart, ambos a su vez administradores de la central de compras B2B. El Ministerio Público quiere interrogarlos a ambos para que aclaren el modus operandi de estos contratos entre B2B y los proveedores. De hecho, era De Rosa quien firmaba los documentos en los que se estipula el porcentaje a cobrar según las ventas realizadas en los cuatro hospitales públicos que gestiona: Alzira, Torrevieja, Elx y la Marina.
La UDEF presentó un atestado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que abrió diligencias el pasado 13 de mayo. El informe policial relata unos hechos relativos al supuesto pago de comisiones por parte de los proveedores a la central de compras dependiente de Ribera Salud, como contó ayer Levante-EMV. Tras tener conocimiento de los hechos, el juez acordó requerir un informe a la Conselleria de Sanidad. El magistrado todavía no ha recibido ese informe, del que dependen la determinación de los posibles delitos y de las personas a las que se les atribuirían, según las mismas fuentes.
La Policía, en su atestado que nace del anónimo presentado por el sindicato Simap, considera que los hechos son constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Desde que se abrió la causa se ha tomado declaración a varios testigos, según ha publicó ayer este periódico. Entre ellos hay médicos que habrían relatado como Ribera Salud les habría recomendado implantar las prótesis con las que su empresa tenía firmado el contrato para el cobro de las comisiones, ilegales según la policía.
Causa compleja
Desde el Tribunal Superior de Justicia explicaron que el pasado 4 de noviembre se declaró la complejidad de la causa, que permite ampliar a 18 meses el plazo máximo de instrucción al estar a punto de expirar los seis meses iniciales y estar aún pendiente la práctica de las diligencias anteriormente citadas (testificales e informe de la Conselleria de Sanidad).
En este momento ninguna de esas personas tienen la condición de investigado (imputado) judicial, confirmaron fuentes del TSJ. El fiscal ha solicitado que, cuando se reciba el informe requerido a la Conselleria el pasado mes de mayo, se tome declaración a De Rosa y Gallart en calidad de investigados, aunque la Fiscalía Anticorrupción que acaba de encargarse del asunto deberá tomar una decisión al respecto.
Este diario intentó ayer recabar valoraciones tanto de Ribera Salud como de sus dos directivos, que han preferido esperar a conocer los términos exactos de la investigación antes de pronunciarse.
