Nada más conocerse la apertura de la investigación judicial contra Ribera Salud por el posible cobro de comisiones en el negocio de las prótesis, la consellera de Sanidad, Carmen Montón ya aseguró que los hechos merecían ser calificados como «graves». Ayer daba un paso más al asegurar que su administración iba a llegar «hasta el final con todas las consecuencias» si la causa judicial demostraba que Ribera Salud hubiera cometido algún delito con la creación de una central de compras -B2B- y la petición a las empresas proveedoras de prótesis de contribuir con un porcentaje de su facturación en compensación por entrar de forma privilegiada en el mercado de sus hospitales. El presunto cobro de comisiones podría superar el millón de euros.

Según apuntó la consellera durante un acto en el hospital La Fe, la situación de la concesionaria de cuatro de los cinco hospitales de gestión privada en la Comunitat (Alzira, Torrevieja, Dénia y Elx) era «especialmente grave». «No se puede hacer negocio con la salud y vamos a llegar hasta el final porque no se pueden realizar prácticas irregulares en la Sanidad pública», manifestó para añadir que, si se confirmaba lo que se apuntaba en la investigación inicial de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) «sería muy grave».

«Primero deben demostrarse los hechos, pero parece que hay pruebas en firme», aseguró la consellera que reconoció que están «seriamente preocupados». La apertura de la investigación judicial -en el Juzgado de Instrucción 4- llega en el peor momento de las relaciones entre la Conselleria de Sanidad y la empresa Ribera Salud, concesionaria de los cuatro hospitales.

Sanidad ha adelantado el inicio de los trámites para revertir la gestión del primero de los hospitales que dio nombre al modelo, el de Alzira, en marzo de 2018. Para Montón, la investigación va en la línea «de que el régimen de concesiones se estaba llevando con opacidad, falta de control y connivencia» entre la empresa y el PP.