La jueza del «Caso Blasco» se niega investigar si el empresario Augusto César Tauroni hizo transferencias desde la cárcel, a pesar de que el acceso a internet está prohibido en los centros penitenciarios. La titular del Juzgado de Instrucción 21, Nieves Molina, rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional rastreara el ordenador que el Centro Penitenciario de Picassent autorizó usar a Tauroni, «para preparar su defensa», y que el empresario condenado por el desvío de las ayudas de Cooperación utilizó para acceder a internet a pesar de que está totalmente prohibido a los presos.
La Fiscalía Anticorrupción recordaba que en la causa ha quedado acreditado que Tauroni manejaba sus cuentas en Miami a través de internet en entidades bancarias como el Citibank, Bank of America o J. P. Morgan. Y que también era habitual en él «dar instrucciones relacionadas con la administración de sus bienes o la disposición de efectivo». De ahí que el uso incontrolado de un dispositivo con acceso internet, a pesar de encontrarse en la cárcel, podría suponer que el empresario condenado junto al exconseller Rafael Blasco por desviar las ayudas a la Cooperación, se arriesgó a ser expedientado para «continuar con la situación antecedente y garantizarse el ocultamiento de bienes o metálico que pudiera disponer», según alegaba la Fiscalía Anticorrupción.
No son suficientes argumentos para la magistrada del «Caso Blasco» que rechaza en su auto enviar a la letrada de la Administración de la Justicia a la cárcel de Picassent para entregar el ordenador incautado a la Policía. La jueza considera que el acceso a internet de Tauroni durante «el curso 2015/2016» en la cárcel es muy lejana en el tiempo respecto a los hechos investigados en las dos piezas separadas del «Caso Blasco» por el desvío de ayudas de Cooperación porque estos últimos hechos «se produjeron en 2009, 2010 y 2011». Añade, además, que «para el esclarecimiento de los delitos económicos» de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones que se investigan en las dos piezas pendientes «no resultan relevantes ni de interés las diligencias de investigación» sobre el ordenador usado por Tauroni. Y añade que la «fase de investigación está próxima a finalizar» y se retrasaría si la policía rastreara el ordenador. Aunque sí recomienda a la Fiscalía Anticorrupción que denuncie los hechos ante un juzgado de Picassent «por ser el partido judicial del lugar donde ocurrieron los hechos».
