La Conselleria de Sanidad abonó a proveedores en los años 2014 y 2015 más de 34 millones de euros por prótesis implantadas en los hospitales y zonas sanitarias que gestiona Ribera Salud y que ahora debe investigar el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia por un presunto cobro de mordidas sobre este dinero. Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de la investigación, este montante tendrá que ser fiscalizado por los investigadores para detectar hasta qué punto llegó la presunta red de comisiones ilegales que, de momento, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, ha cifrado en un millón de euros.

Según ha venido contando este periódico, la Policía Nacional detectó que la central de compras de Ribera Salud, B2B Salud, habría pactado con proveedores de prótesis el abono de un porcentaje de lo facturado a Sanidad a cambio de que los médicos de los hospitales que gestiona la concesionaria implantaran sus productos. Cabe recordar que algunos de estos mismos proveedores ortoprotésicos ya mantienen una relación con la concesionaria para otros productos y que en ese caso sí que es Ribera Salud la que les abona las medicinas y otros productos sanitarios.

Según la información en poder de este periódico, en los dos años investigados por la justicia el hospital de Torrevieja gastó 7,2 millones de euros en prótesis, la Marina 5,8 millones, Elx casi 8 millones y el hospital de la Ribera en Alzira casi 14 millones de euros. De este dinero abonado a proveedores de prótesis habrían salido las presuntas mordidas que evidenció la UDEF y que denuncia el fiscal ante el juez. Los investigadores tendrán ahora que cribar entre los proveedores que hubieran aceptado el pago de comisiones y los que no.

Algunas empresas se negaron

Fuentes de la investigación aseguraron que hubo empresas que se negaron a entrar en el juego, máxime cuando no tenían ninguna relación directa con la central de compras de Ribera Salud. Los pagos de las prótesis los realiza directamente la Conselleria de Sanidad. Además, ya han declarado varios testigos que habrían sostenido la tesis de que se solicitaba a los médicos que recomendaran determinados productos ortoprotésicos. Así, esos proveedores se aseguraban un mayor volumen de ventas. De no entrar en el juego se quedaban fuera de un mercado de más de 34 millones de euros públicos.