Cualquier persona que tiene un familiar o amigo cerca, que no se vale por sí mismo, sabe las expectativas que generó la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Cualquier persona que tiene a una persona con diversidad funcional en su entorno más cercano sabe los sacrificios que asume la familia, el padecimiento oculto que conlleva, el sufrimiento constante. La ley, que cumple ahora diez años, suponía el reconocimiento del derecho subjetivo de atención para ellos, un cuarto pilar en el estado de bienestar. Un logro sin precedentes.
Sin embargo, y a pesar de que la norma fue aprobada el 30 de noviembre de 2006, la aplicación de la ley en la Comunitat Valenciana acaba de arrancar. La norma la puso en marcha el gobierno socialista de Zapatero y fue aprobada por unanimidad. A partir de ahí, cada comunidad autónoma debía desarrollar su aplicación. Eso sí, con una financiación que nunca fue suficiente y con un número de usuarios previsto, inferior al real. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, el gobierno autonómico del PP se encargó de minar una ley que pretendía ser un antes y un después. Los populares entendieron que el fracaso del reglamento erosionaba a su promotor. Al enemigo, ni agua. Es la lectura que, diez años después, realizan colectivos, colegios profesionales y plataformas surgidas ante una ley esperada que no despegaba en la Comunitat Valenciana para indignación de los afectados y sus familiares. Una normativa donde los dependientes fallecían sin recibir la ayuda, o sin ser ni tan siquiera valorados. Una ley donde la ayuda se pagaba con retraso y la retroactividad era algo plasmado únicamente en los papeles. La ley perdió hasta el apellido. Las medidas para conseguir la «autonomía personal» desaparecieron. De esta manera, a los retrasos, colapsos y listas de espera se sumaron, en 2012, los recortes del gobierno de Mariano Rajoy, que redujo las prestación e introdujo los copagos.
El cambio para los dependientes valencianos y sus familias llegó con el nuevo Consell y el pacto del Botànic. Pasaron de ser los últimos, a los primeros. Cerca de 20.000 expedientes (19.447) han entrado en el sistema como nuevos beneficiarios desde 2015. Los pagos ya están al día, retroactividad incluida. El sistema atiende a 52.566 personas, pero hay 31.524 en lista de espera. El trabajo se centra en poner la lista a cero. Pero eso no será hasta 2018. El pasado 1 de diciembre el Consell aprobó el decreto por el que se establece la aplicación de la ley, algo que marca un antes y un después y que supone un cambio radical en el sistema de valoraciones.
plataformas cívicas
El único refugio para los afectados y sus familiares
«Para los familiares de personas dependientes, la ley suponía una ventana abierta al mal tiempo, una esperanza. Las frustraciones llegaron enseguida: excesiva burocracia, un decreto de incompatibilidades que no permitía, por ejemplo, que una persona que acudía a un centro tuviera atención domiciliaria... La parte de la ley que hacía referencia a la autonomía personal quedó anulada. La ayuda se centraba: o en tener plaza en una residencia o en una ayuda económica. Pasó el tiempo y se sumaron retrasos en las valoraciones, retrasos en los pagos, nada de retroactividad, reducción de las prestaciones por los recortes, la imposición del copago, la supresión de la cotización en la seguridad social de los cuidadores no profesionales, reducción en los niveles dentro de los grados de dependencia... Los afectados encontraron en las plataformas su único refugio. La aplicación de la ley cayó en picado y aunque ahora hay que reconocerle al nuevo Consell sus esfuerzos y un avance importante, sobre todo en las urgencias, hay muchas cosas aún por recuperar y el ritmo de recuperación es mucho más lento». La coordinadora de las plataformas en defensa de la ley de dependencia, Mª Carmen Prats, explica de esta manera por qué surgieron en la Comunitat Valenciana un total de 14 entidades en defensa del que se anunció como el cuatro pilar del estado de bienestar. Y advierte: «la financiación debe mejorar». Y es que, en teoría, la financiación del sistema de atención debe repartirse entre el Estado y las autonomías al 50%. En la práctica, el Gobierno central solo aporta el 18%, mientras que la Generalitat Valenciana cubre el 82% restante.
Cermi
Comité de Representantes de Personas con Discapacidad
El presidente de Cermi, Carlos Laguna, recalca lo que reflejan los informes del Observatorio de la Dependencia: «la valenciana es la comunidad autónoma donde peor se ha aplicado la ley». Ahora pide a la Administración «que desarrolle la figura del asistente personal, porque es clave para la autonomía personal» y que se concedan «ayudas públicas para eliminar barreras arquitectónicas que, aunque están en espacios privados, suponen una prisión para muchos discapacitados que viven ´atrapados´». Laguna también exige la revisión del papel de la mujer ya que en el 84% de los casos son ellas «las que se encargan del familiar dependiente».
Aerte
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios
Para reconducir la situación en la Comunitat Valenciana, Aerte apuesta por la «colaboración público privada y la profesionalización de los servicios, como ha hecho Castilla y León, por ejemplo». Sin embargo, «la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas fomenta el cuidador no profesional, con casi el 80% de las resoluciones concedidas en lo que va de año, discrimina a las entidades privadas al no dejarlas participar en el concierto social, y no genera un entorno seguro que fomente la inversión con su apuesta por la gestión directa y las referencias a la desmercantilización del sector», afirma el presidente de la patronal de residencias, José María Toro.
Trabajadores sociales
Asumen y agradecen el reto, pero necesitan refuerzos
Hasta el cambio del gobierno autonómico 17 personas, de una entidad privada, realizaban las valoraciones de la dependencia. Ahora lo harán 400 trabajadores sociales desde sus respectivos ayuntamientos. El proyecto pionero ya ha empezado en Alicante. A partir de enero se implantará en Valencia y Castelló.
«Hay años donde no se movió un expediente. Desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales agradecemos que hayan contado con nosotros porque ponen en valor nuestro trabajo. Nosotros queremos estar, pero necesitamos apoyo y refuerzo. El objetivo es que el dependiente sea valorado desde el inicio y que lo hagamos nosotros, por eso hemos recibido una formación específica. Pero necesitamos que el gobierno nos defienda ante la Administración y que se unifiquen las líneas de actuación e intervención», afirma la presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, Elena Puig.
