El ´miedo a la firma´ que albergan muchos funcionarios de la Generalitat Valenciana (también de las administraciones locales) ha adquirido la categoría de problema mayúsculo para los gestores públicos. No es un fenómeno nuevo, aunque con el paso del tiempo el temor a avalar documentos sensibles ha ido creciendo hasta el punto de que buena parte del colapso administrativo tiene en él su origen.
El Consell bipartito es consciente de esta situación e intentará ponerle solución con una reforma legal de calado. El objetivo es vencer la resistencia de altos funcionarios „también autoridades„ a autorizar determinados expedientes por miedo a resultar imputados y quedarse expuestos y sin cobertura legal.
En este contexto, los grupos del PSPV y Compromís en las Corts Valencianes (que sustentan al Ejecutivo) han presentado una enmienda a la Ley de Asistencia Jurídica de la Generalitat, que regula el funcionamiento y las competencias de los abogados públicos, para abrir la puerta a que autoridades y funcionarios puedan recibir su asistencia.
El listado de delitos incluidos
En concreto, se permite que los abogados de la Generalitat asuman su defensa siempre que haya «una actuación legítima por parte del funcionariado o autoridad» y no «se vean comprometidos los intereses de la Generalitat en los siguientes delitos: los cometidos contra la hacienda pública, la seguridad social; los relativos a la ordenación del territorio, el urbanismo, la protección del patrimonio histórico, el medio ambiente, los delitos contra la seguridad colectiva, los relacionados con los incendios y la administración pública».
La ley actual prohíbe expresamente la asistencia jurídica de la Abogacía al personal que está imputado en los delitos referenciados. En su artículo 11, la legislación en vigor establece que para conceder asistencia, la Abogacía General tiene que valorar la coincidencia de intereses entre el solicitante atendiendo a factores tales como la especial afección de la Generalitat respecto a los bienes jurídicos protegidos; la posible relación con la defensa de los derechos fundamentales, así como la apariencia de actuación legítima por parte del funcionario.
Sin embargo, en la lista de delitos citados se niega directamente la posibilidad al entender que no existe coincidencia de intereses. De esta manera, en la práctica, se cierra a la mayoría del personal la opción de acudir al cuerpo de abogados.
Se da la paradoja de que el bipartito recorrerá en cierta medida el camino a la inversa emprendido por el Gobierno del Partido Popular del expresidente Alberto Fabra. Las restricciones a la asistencia jurídica a funcionarios y altos cargos no existían en la ley original. Eso dio pie a que la Abogacía de la Generalitat asesorara durante algún tiempo a cargos y altos funcionarios imputados por casos de corrupción. Incluso al expresidente Camps se le asistió en los inicios del caso Gürtel. También ocurrió en el caso Nóos.
En diciembre de 2012, el Consell de Fabra introdujo a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2013 un cambio, precisamente para introducir las limitaciones de la Abogacía a la hora de asistir al personal. Fue una respuesta a las críticas de la entonces oposición que consideró impresentable que la defensa de los imputados recayera sobre las arcas autonómicas. El apartado incluía también (esto se respeta en la enmienda actual) que el interesado reclame una indemnización si en su momento se le negó la asistencia y ha resultado absuelto.
La enmienda presentada por Compromís y PSPV tendrá que debatirse en las Corts, aunque de momento ha pasado ya el primer trámite de su debate en comisión. El bipartito necesita el aval de alguno de los otros tres grupos para sacarla adelante.
