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Ayudas

El Consell cambia el reparto de ayudas de la UE tras detectarse el fraude en la Hoya

Agricultura reduce la presencia de políticos al 49 % en las entidades que manejan proyectos para limitar el uso clientelista del dinero - Ningún municipio o comarca tendrá mayoría en los grupos que diseñan los planes de desarrollo

El Consell cambia el reparto de ayudas de la UE tras detectarse el fraude en la Hoya

­La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que dirige Elena Cebrián, ha modificado el sistema de reparto de ayudas dotadas con fondos europeos tras investigar y denunciar Bruselas una serie de presuntas irregularidades en proyectos subvencionados con el programa Ruralter-Leader en la Hoya de Buñol-Chiva.

La administración autonómica acaba de sacar a concurso público por 1.960.895,75 euros el servicio de soporte, desarrollo, evolución, adaptación y mantenimiento de las aplicaciones en el marco de los sistemas de información del PDR-Programa para el Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

Este PDR suma una dotación de 450 millones de euros y cuenta con una partida específica para la iniciativa Leader de 27 millones. Las normas para gestionar las ayudas con fondos de la administración autonómica y de la UE fueron modificadas en abril por una resolución de la consellera Elena Cebrián que devolvía la gestión de las subvenciones a la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria y a la Dirección la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común (PAC).

Medidas de verificación

Sin embargo, se han introducido una serie de medidas correctoras y de verificación que también están incluidas en el PDR 2014-2020 que potencian a los Grupos de Acción Local como agentes promotores y dinamizadores que se encargan de diseñar las estrategias territoriales y los proyectos que concurren a las ayudas. Estos cambios relacionados con la publicidad que tienen que cumplir las entidades subvencionadas y los proyectos ejecutados tienen que ver «con la falta de controles» que denunciaba la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el organismo de la Comisión Europea (CE), en la tramitación y adjudicación de ciertas ayudas en la Hoya de Buñol-Chiva y en otras comarcas del interior de la Comunitat Valenciana.

Una de las medidas más importantes que se ha implementado es que las organizaciones candidatas a GAL para la elaboración de una Estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) deberán ser: «Representantes de los intereses socioeconómicos locales, públicos y privados, en los que ni las autoridades públicas, ni ningún otro grupo de interés concreto represente más del 49 % de los derechos de voto en la toma de decisiones». Este sistema de toma de decisiones quedará reflejado en los estatutos de la asociación y lo que hace es poner cortapisas «para evitar el clientelismo político» que han denunciado fuentes de la actual Conselleria, primó en el reparto de buena parte de las ayudas del PDR de 2007 a 2013 y que dio lugar a las presuntas irregularidades detectadas por Bruselas.

Con el nuevo sistema de distribución de las subvenciones también se busca evitar la acumulación de cargos en las mismas personas que hace años solicitaban o gestionaban proyectos subvencionados con fondos europeos. Así, dice textualmente la resolución de Agricultura: «El cargo de gerente o coordinador de los GAL Leader 2014-2020 será incompatible con cualquier otra actividad pública o privada remunerada».

Y «ningún municipio o comarca del territorio podrá gozar de una posición dominante en la junta directiva del GAL» debiendo estar representadas en la misma las cooperativas y organizaciones profesionales agrarias y forestales, las organizaciones representativas de mujeres, jóvenes, organizaciones empresariales de PYMES y autónomos y organizaciones relacionadas con el medio ambiente.

Por ende, el principal objetivo del PDR es crear riqueza en las zonas rurales y evitar su despoblamiento, aspectos que chocan con proyectos financiados en la Hoya de Buñol-Chiva como la subvención de la compra de instrumentos en Siete Aguas, las intervenciones para rehabilitar varias iglesias de la comarca o la construcción de un centro juvenil en Chiva, que tienen una justificación controvertida como actuaciones subvencionadas por Bruselas.

Concretamente, determina el documento publicado por la Generalitat, los proyectos elegidos deben contribuir «al desarrollo económico y social de su territorio» y promover «proyectos de inversión que generen empleo estable y duradero y mejoren la calidad de vida, llevando a cabo estas actuaciones en el marco de un programa de desarrollo rural».

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