El abogado Francisco Manuel Escortell presentó en el juzgado una demanda escrita en valenciano y recibió como respuesta de la secretaria judicial que él mismo debía escribir la traducción del texto si no quería ver dilatado su proceso. Podía tardar hasta cinco años, le advirtió de forma verbal. Este caso, destapado hace un año por Levante-EMV, puso en evidencia la falta de traductores y la anómala situación de la lengua propia en sede judicial. Solo una funcionaria se encargaba de las tareas de traducción y asesoramiento lingüístico en valenciano para los 406 órganos judiciales de la Comunitat Valenciana. Aquel caso, en el que el TSJ valenciano admitió el error y lo atribuyó a «un exceso de celo profesional por anticipar y evitar un posible retraso en la tramitación del procedimiento» pero sin ir más allá que el archivo de la queja, tiene ahora su desenlace.

Además de presentar su demanda en valenciano, el abogado solicitó por escrito al juzgado de Primera Instancia Número 2 de Benidorm que las notificaciones se le hicieran en valenciano. Se acogía a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que en su artículo 11 dice: «En aquellas actuaciones administrativas iniciadas a instancia de parte y en las que habiendo otros interesados así lo manifestaran, la Administración actuante deberá comunicarles cuanto a ellos les afecte en la lengua oficial que escojan, cualquiera que fuese la lengua oficial en que se hubiere iniciado».

Pidió amparo ante nueve instancias administrativas para invocar su derecho a recibir las notificaciones en valenciano. Pero no consiguió su propósito. Incansable en su cruzada, ha intentado con una denuncia a la Fiscalía que se abra la vía penal por lo que él considera una vulneración de sus derechos.

Según su escrito al Ministerio Público, «no sancionar penalmente estos hechos dejan totalmente al libre arbitrio de los funcionarios el respeto de la legalidad lingüística vigente y, por tanto, los derechos fundamentales del ciudadano». Pero la respuesta ha zanjado toda su esperanza. La Fiscalía de Benidorm-Dénia ha contestado al letrado que no ven obligación para facilitarle las notificaciones en valenciano.

La fiscal, que ha archivado la denuncia, escribe: «El denunciante solicitó lo que estimó oportuno, en aras a su derecho al uso del idioma valenciano, y obtuvo lo que la Ley también ampara, y es que los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia deben expresarse en idioma castellano, al ser la lengua oficial del Estado, o bien, pueden hacerlo en idioma valenciano (aunque en este caso deberá realizarse la pertinente traducción para el caso de alegarse indefensión), siendo tan importante un derecho como otro, y ambos deben respetarse».

Apenado, el abogado extrae una conclusión: «He podido demostrar que cualquier funcionario puede denegarme el derecho a recibir las resoluciones en valenciano. Se incumple la Llei d'Ús y se me deniega un derecho fundamental».