La consellera de Justicia Gabriela Bravo acaba de anunciar la aprobación de un nuevo reglamento de justicia gratuita «más ambicioso para ofrecer mejor cobertura y atención especializada a dependientes o personas incapacitadas o en materia de extranjería e inmigración y en el ámbito penitenciario».
Bravo acaba de ofrecer una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea en el que ha repasado los retos que afronta la Conselleria de Justicia, Administración Pública y Reformas Democráticas y ha hecho balance de los primeros dieciocho meses al frente de su departamento. Una materia en la que, ha destacado, «ha aumentado un 30% el presupuesto en 18 meses del Consell del Botànic y se ha logrado dignificar la justicia gratuita y se ha logrado recuperar el diálogo con los Colegios de Abogados, muy maltratados durante los últimos años».
Bravo también ha recordado el anteproyecto de la ley de Función Pública en el que trabaja su departamento para resolver la situación de «los funcionarios interinos, que son un tercio del total de la plantilla y los puestos provisionales de los funcionarios, que son legión» para promover «una carrera horizontal» basada en la experiencia y méritos de los funcionarios, que proteja a los empleados públicos que denuncien «corruptelas o irregularidades» y que «acabe con las brechas salariales denunciadas».
Durante el turno de preguntas, Bravo ha sido interrogada sobre el cambio legal que permitirá a la Abogacía de la Generalitat defender a funcionarios públicos en causas que investiguen delitos contra la Hacienda Pública o el Patrimonio. La consellera defendió el cambio legislativo y ha asegurado al respecto que la defensa de estos funcionarios «se abandonará cuando sea incompatible con los intereses de la Generalitat».
La consellera también ha destacado como logros de su departamento durante sus primeros dieciocho meses de gobierno la reciente creación del nuevo modelo de Oficinas de atención a las víctimas del delito «que ofrecerá una atención multidisciplinar y especializada para evitar el peregrinaje de las víctimas por las diferentes instituciones» o la nueva ley de memoria democrática que, en respuesta a otra de las preguntas planteadas al final de la conferencia, confirmó que prevé «sanciones con cuantías elevadas a las instituciones insumisas» que se resistan a retirar símbolos franquistas en los espacios públicos.
