Trabajadores pobres que tienen un empleo pero no pueden vivir de su salario. Es una realidad. Y esa dramática situación de precariedad laboral ha entrado, por primera vez, dentro de los supuestos que permiten recibir la Renta Valenciana de Inclusión. Esta prestación económica, presentada ayer por la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía y está dirigida a mejorar las situaciones de vulnerabilidad económica, social, laboral y cultural de las personas. Está previsto que sea votada en las Corts dentro de un mes y medio.

El anteproyecto de ley que reestructura las ayudas contempla una Renta Complementaria de Ingresos del Trabajo. Quiere decir que cuando un trabajador cobre menos del 80 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI, estipulado en 655 euros), la prestación de la Generalitat completará su sueldo hasta los 655 euros del salario mínimo. Por tanto, todo aquel empleado con sueldo inferior a 524 euros y que cumpla los requisitos establecidos en la norma podrá ver completado su sueldo por parte de la Administración autonómica.

La segunda gran novedad es el incremento económico de la renta de inclusión social, que pasa de los 385 euros al mes actuales hasta un máximo de 532 euros para hogares unipersonales. La ayuda se incrementaría proporcionalmente hasta los 745 euros en hogares de seis o más personas. Es una ayuda para los hogares en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión.

El programa contempla otras dos vías para acceder a la ayuda: una Renta Complementaria de Ingresos por Prestaciones, para aquellas personas que cobren subsidios cuya cuantía sea inferior al 80 % del salario mínimo interprofesional. Se estudiará el camino para que la ayuda sea complementaria al resto de prestaciones y, entre todas, ofrezcan una suma digna al perceptor. También se da la opción de acceder a una Renta de Garantía de Ingresos Mínimos.

Hasta ahora, las rentas básicas valencianas tenían un límite de tres años, con otros dos excepcionales. El nuevo anteproyecto subraya el «carácter indefinido» de la prestación siempre que se mantengan en el tiempo los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su percepción y que permitan su renovación. «La renta debe permitir a las personas rehacer su proyecto de vida, y por tanto no es viable poner fechas de caducidad, ni plazos aleatorios de renovación», señaló Mónica Oltra en su presentación.

La vicepresidenta destacó que con esta reforma las rentas de inclusión tendrán una sola puerta de entrada: los servicios sociales municipales, a quienes se libera de las tareas burocráticas, que pasan a la conselleria, para que se centren en valorar la situación y proponer la modalidad de ayuda que necesita un hogar. El presupuesto del programa es de 52 millones de euros, un 62% más que en 2016.