La ministra Fátima Báñez se apuntó la victoria del titular, como ya lo había hecho Mariano Rajoy en abril, durante la campaña: «El Gobierno plantea la salida del trabajo a las 18 horas», queda escrito. Pero, ¿qué hay de la letra pequeña? Atendiendo a los sectores interpelados por tal afirmación (sindicatos y patronal, en el terreno laboral; la Admnistración valenciana, como legisladora), la frase está hueca, si bien se señala un camino interesante.
Alberto Ibáñez, secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, cuenta que su conselleria está inmersa en un plan sobre «el control del tiempo». «Es un debate muy complejo en el que no puede primar la inmediatez», ralentiza. Hace apenas dos semanas la Generalitat impulsó, junto a la UJI, el congreso «Nuevos usos del tiempo para la inclusión y la cohesión social», en la que se invitó a representantes de sindicatos, empresarios, gestores públicos y académicos para reflexionar sobre una futura reforma horaria. Se intentaba poner el «marco teórico» para un proceso que culminará en el plan valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-2023, donde se delimitarán las estrategias de los nuevos usos del tiempo.
«No se reduce a un tema laboral sobre a qué hora se cierra», incide. Esa sería una de las ramificiaciones, abunda el secretario autonómico, junto a los estudios sobre eficencia energética, los horarios de los centros comerciales o cuestiones de igualdad de género, donde se incluyen los permisos de paternidad. La petición realizada por las Corts el pasado octubre para que se mantenga todo el año el horario de verano o hasta la futura parrilla de RTVV son aristas de este mismo debate y deben formar parte de una «estrategia transversal», reclama el secretario autonómico.
«Un mensaje vacío»
Entre los gestores públicos presentes en este último congreso había varios representantes de Cataluña, «donde llevan más tiempo debatiendo», explica Ibáñez. Allí, el pasado mes, el gobierno inició la campaña para racionalizar los horarios: desde el Parlament se configura una ley para el sector público, se lanzan encuestas a ciudadanos y los agentes laborales esbozan su hoja de ruta al respecto, lo que sugiere un largo camino por delante.
«[El de la ministra] es un mensaje vacío; lo que anuncia es propio de la negociación colectiva. Las realidades son diferentes en cada sector, no vale el café para todos», ataca precisamente el secretario general de Acción Sindical en territorio valenciano de Comisiones Obreras, Jaume Mayor. «Es una ocurrencia», le asiste Ismael Sáez, secretario general en UGT-PV, «se pueden hacer planteamientos serios sobre la racionalización de horarios, pero lo de las 18.00 horas no tiene sentido: en estos años, precisamente, asistimos a la ampliación de los horarios comerciales».
Ambos comparten que la diversidad laboral no cabe bajo el paraguas anunciado por la ministra, coincidiendo con los empresarios en este punto y en el del protagonismo de la negociación colectiva. «Los principios reguladores de la jornada deben debatirse en cada unidad de negociación colectiva», responde Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, que pide «un documento que recoja los objetivos del ministerio».
Parece que el debate sobre los horarios exigirá estirar el titular. Desde el Gobierno valenciano, por cierto, se advierte: «La jornada laboral en Suecia no es homologable a la valenciana». Cuando se legisle, resuelve Ibáñez, se tratará de armonizar «el equilibrio entre la vida pública y privada, la calidad de la vida mediterránea y la productividad». El camino, parece, no presenta atajos.
