El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt, Héctor Santamaria, ha remitido a la Audiencia Nacional la presunta trama de amaños de los contratos de extinción de incendios a la Audiencia Nacional, según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En esta causa están investigados el exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, una treintena de empresarios y exaltos cargos de la Generalitat Valenciana y de Cataluña.
El juez Héctor Santamaria aprecia «indicios de la existencia de un grupo criminal que actuaba en varias comunidades autónomas» además de en varios países como «Portugal, Italia y Chile», según acaba de informar el TSJCV.
La Fiscalía Anticorrupción, primero en Madrid y después en Valencia, investiga desde octubre de 2014 los contratos presuntamente irregulares adjudicados por Serafín Castellano cuando era conseller de Gobernación. Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia del gerente de Avialsa, Francisco Alandí, con abundante documentación y en la que citaba informaciones de Levante-EMV que destaparon gastos (unos 429.000 euros) en jornadas cinegéticas, camuflados en otros conceptos, en las que participaron Serafín Castellano, Vicente Huerta y el empresario y amigo del ex delegado, José Miguel Pérez Taroncher, ya fallecido.
