La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal por las presuntas irregularidades cometidas en 2015 en la «Fundación para la Investigación Biomédica, docencia y desarrollo de las ciencias de la salud» del Hospital General Universitari de Valencia (HGUV), tras una denuncia presentada por la actual gerente, Raquel Gálvez.
Las irregularidades se han detectado tras realizar una auditoría interna, encargada por la Diputación de Valencia -de quién depende el Hospital General- y que ha detectado una veintena de deficiencias en la gestión económica de la Fundació Investigació HGUV durante el año pasado. La intención de los actuales responsables de la Diputación de Valencia, que preside el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, es extender la realización de la auditoría a los años 2012, 2013 y 2014.
El listado de deficiencias es extenso. La mayoría de los contratos adjudicados durante el pasado año (307) por valor de 1,1 millones de euros se hicieron por procedimiento negociado sin publicidad y a través de la fórmula de «contratos menores» por lo que se adjudicaron sin ningún tipo de concurso. Los procesos de adjudicación están, además, repletos de deficiencias. Los contratos carecían de memoria que justificaran el gasto a realizar, «la estimación del precio», «no se ha solicitado a los licitadores la acreditación de la capacidad para contratar ni su solvencia financiera, económica, técnica y profesional» ni se informó «a los restantes licitadores de la adjudicación del concurso». Tampoco constan «albaranes que acrediten la correcta recepción de los materiales [adquiridos] ni justificante de recepción de la mercancía» como equipos informáticos por valor de 60.081,59 ?, televisores, proyectores, maniquíes y equipos de simulación».
En el caso concreto de un contrato, la empresa que logró la adjudicación presentó su oferta el 3 de marzo de 2015, cuando «la invitación al proveedor» para que optara a la licitación por parte de la Fundació Investigació está fechada el 4 de marzo. En la compra de un equipo médico, los auditores han detectado que «la contratación estaba dirigida a la compra de una marca concreta», a pesar de que se utilizó un procedimiento negociado mediante la invitación a varias empresas.
El descontrol en el control del dinero incluso llegaba a «pagar un curso en ESADE a una persona que no forma parte del personal en nómina de la Fundació» que ha supuesto un coste de 14.800 euros más IVA. La Fundació Investigació tampoco solicitó la aprobación de la masa salarial para sus 108 trabajadores a la Diputación de Valencia en 2015, «ni en consecuencia la aprobación» de las retribuciones del pasado año que «superaron las de 2014», por lo que se han incumplido varios artículos de la ley reguladora de las bases del régimen local.
También se contrató a 24 personas durante 2015 «sin que tengamos constancia de la existencia de informes que justificaran la necesidad urgente e inaplazable para realizar estas contrataciones» que sólo podían realizarse «en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables de forma temporal», señala el informe de la auditora Russel Bedford realizado para la Diputación de Valencia. De los 24 contratos firmados durante 2015 por la Fundació Investigació «uno fue indefinido y el resto contratos temporales». El proceso para seleccionar al personal contratado también ha sido puesto en duda por los auditores. «Las resoluciones de contratación publicadas en la web no incluyen la puntuación de todos los aspirantes, sino únicamente la de aquel que ha obtenido mejor puntuación», advierten los auditores. Tampoco se conservan los currículos de los aspirantes y seleccionados «para verificar que cumplen los requisitos de la convocatoria». Y la convocatoria para la selección de personal «no incluía los requisitos de las instrucciones internas, ni la dotación económica ni los miembros de la comisión evaluadora».
