Un total de 27 trabajadores contratados por la Fundació Investigació Hospital General Universitari de València (HGUV) han denunciado a la entidad por «cesión ilegal de trabajadores» a la Conselleria de Sanidad.

Se trataba de 26 farmacéuticos y un abogado, según fuentes de la Diputación de Valencia, contratados para realizar un trabajo de investigación, «que tenían un contrato laboral con la Fundació pero que prestaban sus servicios en la Conselleria de Sanidad». Todos han sido despedidos en 2016 por lo que presentaron otras tantas demandas para que «se les readmitiese como trabajadores de la Conselleria de Sanidad».

No ha sido el único caso. En 2011 la Fundació Investigació HGUV contrató a un «trabajador autónomo económicamente dependiente» con el que «se pactaron prórrogas sucesivas». La auditoría realizada por la consultora Russel Bedford bajo la supervisión del Interventor de la Diputación de Valencia destaca que este contrato, «de acuerdo con las instrucciones de contratación internas y tratándose de un contrato de servicios que supera el importe de 18.000 euros debería haberse tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, invitando a un mínimo de tres licitadores».

Sobre este último contrato, el trabajador autónomo ha acabado demandando a la Fundació Investigació HGUV en 2016, «solicitando que se le reconozca la relación laboral existente con la Conselleria de Sanidad en la que se desarrollaban sus trabajos» y también ha denunciado «la cesión ilegal de trabajadores desde la Fundació».

Por ello, los auditores recomiendan a la Fundació Investigació que, en materia de personal, que «las contrataciones temporales se justifiquen adecuadamente con los informes sobre su necesidad y urgencia y que sean firmados por la persona con poderes dentro de la Fundación y, en caso de suponer un aumento salarial, que cuenten con la aprobación de la Diputación de Valencia» a la que «se ha de solicitar la aprobación del presupuesto de gastos de personal y se respeten los incrementos salariales establecidos en la ley de presupuestos del Estado». También que «se deje constancia de los criterios empleados en la selección» de personal y «que se elaboren instrucciones que regulen las indemnizaciones por servicio» externo.