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Investigación

La UDEF constata que Avialsa se repartía elmercado de aviones contra el fuego desde 2000

La policía incautó documentos del empresario Vicente Huerta en la que amañaba concursos con el «Club del millón»

La macrorredada coordinada por el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt y la Fiscalía Anticorrupción el pasado 13 de enero contra el conocido como «cártel del fuego» en seis comunidades autónomas y que se saldó con una veintena de detenidos y otros tantos registros suministró una valiosa documentación a los investigadores cuyo resultado se conoce un año después. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han podido confirmar que la contratista de los aviones contra incendios de la Comunitat Valenciana, Avialsa T-35, se repartía el mercado de la extinción aérea con otras seis empresas en toda España desde el año 2000. Como mínimo. En el conocido como Caso Avialsa también resultó detenido el exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, a quien Avialsa T-35 costeó rifles y cacerías a cambio de un presunto trato de favor en las licitaciones.

«Si bien existen indicios que apuntarían a que el funcionamiento de "La Asociación" se habría producido con anterioridad al año 2000, esta instrucción policial no dispone de documentación referente a esas fechas», admiten los agentes de la UDEF en su último informe aportado a la causa en el que repasan la documentación incautada durante los registros practicados hace casi un año. El material incautado confirma los detalles adelantados por Levante-EMV desde que destapó el caso el 4 de agosto de 2013: las empresas constituyeron un cártel en el que pactaban los precios de aviones, concursos, se repartían el mercado nacional e internacional y agasajaban a políticos y funcionarios con regalos para que la «asociación informal para la comisión delictiva» -en palabras de la UDEF- siguiera funcionando.

El documento más antiguo localizado por la UDEF es del año 2000 y se encontró en la sede de Avialsa T-35 en el Parc Tecnològic de Paterna. Se trata de un acuerdo entre las empresas en el que ya se reparten las comunidades autónomas para concurrir a los concursos de extinción de incendios y no interferir entre ellas, pactar los precios de los avionetas y hasta decidir cuántas aeronaves debía tener cada empresa y en qué orden debían adquirirlas. De esta manera, Avialsa tendría predominio sobre la Comunitat Valenciana y Cataluña, Trabajos Aéreos Martínez Ridao dominaría el mercado en las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía; esta última comunidad se compartiría con Trabajos aéreos Espejo que también atendía Canarias; y, por último, Faasa «intervendría preferentemente en las comunidades de Castilla-León y Andalucía», según recoge el informe policial.

El reparto del pastel de la extinción de incendios aérea también se extendía a los concursos del Ministerio de Medio Ambiente y a países como Chile, Italia y Portugal. El autoproclamado «Club del millón» no permitía que un avión antiincendios sobrevolara sin su permiso hasta que en 2015 el «Caso Avialsa» acabó el cártel que habían creado.

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