«Es un hecho que las personas que utilizan el valenciano tienen todavía notables dificultades para recibir de la Administración una atención en los mismos términos que tienen plenamente asegurados las personas que utilizan el castellano». Así se recoge en el documento que ayer firmaron los sindicatos Intersindical, CC OO PV y UGT-PV y que cuenta con el apoyo también de los tres partidos que sustentan el Pacte del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos), así como de entidades como la Universitat de València, Escola Valenciana o Acció Cultural del País Valencià.

Los sindicatos quieren que el requisito lingúístico figure por primera vez en la nueva ley de la Función Pública valenciana, cuyo proyecto se presentará en enero. La presencia política en el acto de ayer indica que va a ser así. La propia consellera Gabriela Bravo adelantó recientemente en un desayuno informativo que la ley contemplaría esta reivindicación.

El acuerdo al que han llegado los sindicatos mayoritarios es uno de los últimos pasos pues para que la competencia lingüística se reconozca en la futura ley. El objetivo es «compensar el déficit que aún presenta el conocimiento y el uso del valenciano», según reza el escrito, que no fue rubricado por el CSIF y el del sector sanitario Cemsatse.

Así, el pacto recoge una serie de propuestas, entre las que se encuentra que para la provisión de nuevos puestos de trabajo, los sindicatos negociarán la aplicación de dicho acuerdo y el nivel de valenciano exigible en cada puesto, y se contemplan excepciones en el ámbito de la sanidad y la educación para proveer puestos sin carácter definitivo.

El acuerdo contempla, además, que la Generalitat garantice el aprendizaje del valenciano y fomente medidas de reciclaje del personal de la Administración para asegurar la competencia lingüística, que no significa otra cosa más que puedan responder en la lengua propia a aquellos ciudadanos que la utilicen «sin necesidad de traducciones ni transferir el asunto o al ciudadano a otros empleados o unidades».

Vicent Mauri (Intersindical) explicó que el pacto supone «un punto de inflexión» dentro de la normalización de la lengua, remarcó que se trata de la primera vez que los sindicatos han llegado a un acuerdo sobre competencia lingüística y que su aplicación afectará a unos 190.000 trabajadores. El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, afirmó que ahora «hace falta que el gobierno ponga las medidas para que esta ley arranque el próximo año».