29 de diciembre de 2016
29.12.2016

Los hospitales generales de Valencia y Castelló acaban en el Tribunal de Cuentas

La sindicatura halla más de 10,5 millones «pendientes de contabilizar» en el de Valencia e irregularidades en productos de farmacia en el de Castelló

29.12.2016 | 04:15

Más de 40 páginas ha necesitado la Sindicatura de Comptes para condensar las distintas irregularidades que la auditoría ha encontrado en las cuentas del Consorcio Hospital General de Valencia de 2015, así como otras tantas para el Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló. En concreto, habla de «debilidades significativas» en los procedimientos de gestión y control del gasto de ambos centros sanitarios, esto es, básicamente, la ausencia de mecanismos suficientes para registrar debidamente los movimientos financieros de las entidades.

En concreto, el síndic destaca «la inexistencia de mecanismos de control jurídico y económico sobre las decisiones de gasto». Según se detalla en el informe, que analiza no solo las arcas de la Generalitat sino también el sector público instrumental, las empresas y los consorcios en los que tiene participación la Administración valenciana, el desbarajuste se produce sobre todo en contratos referentes a productos farmacéuticos y servicios hospitalarios concertados y no concertados, endoprótesis y hemodiálisis. Eso en el caso del hospital del «cap i casal». A 31 de diciembre de 2015, han quedado obligaciones pendientes de contabilizar en el presupuesto por importe de 10.541.058 euros.

En este sentido, la auditoría ha detectado, entre otras irregularidades que serán remitidas al Tribunal de Cuentas dada su relevancia, nueve acuerdos vigentes durante el período estudiado de cesiones de equipamiento al consorcio a cambio de adquisiciones para material fungible, adquisiciones cuyo precio fijaron las empresas por 1,8 millones y que no fueron objeto de licitación mediante procedimiento abierto. Asimismo, se resalta la «gran concentración de competencias delegadas en la gerencia y dirección económica financiera, que no han sido objeto de control y supervisión».

También destaca el informe el gasto de 98,2 millones de euros sin previa tramitación del expediente correspondiente. El 70 % se debe a productos y suministros hospitalarios, el 24 % a servicios concertados y no concertados y el 3,5 % al suministro de energía eléctrica. «En consecuencia, no se han atendido los principios y normas que regulan la contratación pública».

«Trama Sergio Blasco»
Toda esta serie de irregularidades las relacionó ayer la diputada de EUPV en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez, con la presunta trama de Sergio Blasco en el Hospital Provincial de Valencia. «El síndic muestra que el mayor contrato que consiguió la presunta trama que denunciamos es muy sospechoso». Pérez considera «escandaloso» que la empresa adjudicataria subcontratara las obras y que, además «no se haya justificado el pago de 654.167 euros».

En el caso de Castelló, las irregularidades tienen que ver fundamentalmente con los productos farmacéuticos y servicios de mantenimiento de equipos de electromedicina. También se destaca la construcción y gestión mediante concesión de un aparcamiento en el subsuelo de recinto y la construcción de un salón de actos, y en el mantenimiento de edificios, instalaciones y pisos, donde habría indicios de responsabilidad contable.

Por su parte, el subsecretario de la Conselleria de Sanitat, Ricardo Campos, aseguró ayer que las anomalías detectadas por la Sindicatura de Comptes están referidas a «la actuación de los equipos precedentes». «Esta circunstancia, que era una realidad en 2015, ya se ha subsanado en el hospital General de Valencia, con la creación de un órgano de control interno, y está ultimándose en el hospital Provincial de Castelló», añadió Campos, quien recordó que «la conselleria de Sanitat ha actuado de forma inmediata ante el mínimo indicio» de irregularidades.
Por otra parte, el síndic destaca también que Sanidad tiene 26 liquidaciones de concesiones sanitarias pendientes de aprobar y contabilizar. Corresponden a los departamentos de Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elx. La sindicatura no ha podido determinar los efectos porque se desconocen los importes definitivos.

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