«La mala práctica de la justicia constitucional hace más necesario que nunca que el legislador modifique con urgencia la legislación electoral para que todas las personas con discapacidad gocen de su derecho fundamental al voto, hoy negado en España». El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) lamentaba de esta manera que el Tribunal Constitucional (TC) hubiera ignorado «una vez más los derechos humanos de las personas con discapacidad» ya que «más que amparar, se diría que 'castiga' la diversidad social».
Esta reacción se produjo el pasado jueves, cuando el Tribunal Constitucional se negó a admitir a trámite el recurso de la familia de una joven gallega que, tras perder el derecho a votar cuando un juez dictó su incapacidad, intentó recuperarlo, sin éxito. Así funciona le sistema, a menos que se modifique la ley.
Una reclamación histórica
El debate estaba encima de la mesa y el Cermi expuso su reivindicación; exigía un cambio en la ley Electoral. El TC se negó a entrar en el debate, pero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha considerado que la reclamación del Cermi es coherente y que el derecho a voto de las personas con discapacidad debe ser «la norma general y no la excepción».
Y es que para el Cermi, el Tribunal Constitucional no estuvo a la altura al «mantener un enfoque antediluviano en la consideración de las personas con discapacidad, como seres débiles, frágiles e influenciables, sometidos a instancias ajenas a sí mismas, que no pueden ejercer sus derechos como cualquier otro miembro de la comunidad, y sanciona su privación», explicó el portavoz del Cermi en la Comunitat Valenciana, Carlos Laguna.
