En la Comunitat Valenciana hay unas 4.500 personas con una discapacidad intelectual que no pueden votar. El sistema los excluyó de forma directa cuando un juez les concedió la incapacidad total o parcial. Sus familiares solicitaron la incapacidad para proteger su patrimonio de posibles estafas o extorsiones, pero la letra pequeña implica, también, decir adiós al derecho del sufragio activo. Los afectados se ven obligados a interponer recursos y someterse a distintas pruebas forenses sobre el conocimiento del Estado y su sistema electoral. Algunos como Víctor Díaz, un joven de Gandia, conseguió recuperarlo tras dos años de lucha. Otros, como la joven gallega que ha sacado este asunto a la palestra, no lo han logrado.

De hecho, el debate surgió una vez más cuando el Tribunal Constitucional se negó a profundizar sobre este tema cunado la joven gallega planteó un recurso para recuperar su derecho a voto. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) lleva años exigiendo un cambio en la la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) que acabe con esta «discriminación», el Tribunal Constitucional se negó a entrar en el debate, pero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha considerado que la reclamación del Cermi es coherente y que el derecho a voto de las personas con discapacidad debe ser «la norma general y no la excepción». Por ello, la «línea roja» para ejercerlo será la «capacidad de discernir» de estas personas, cuando se modifique la ley Electoral. «Queremos que la ley se revierta, que sea norma general que las personas con discapacidad puedan votar y la parte exclusiva que no puedan votar. Ahora es al revés. Tengo claro que el límite y la línea roja es la capacidad de discernimiento que tenga esa persona», aseguró ayer.

Con el consenso de todos

Sin embargo, la responsable de Servicios Sociales explicó que la reforma de la ley electoral anunciada por el Gobierno debe alcanzarse con el consenso de todos los grupos políticos y tras el análisis en la Comisión de Discapacidad del Parlamento. La ministra destacó la importancia del trabajo que realice esa comisión, que tiene carácter legislativo, donde comparecerán «todos los agentes implicados para explicar cuáles pueden ser las líneas rojas y por dónde avanzar para que sea una ley hecha desde el diálogo». «Las leyes sin unanimidad no valen para nada y cuesta mucho que funcionen», insistió.

Montserrat indicó que el Gobierno no va a presentar un anteproyecto «sin escuchar a todo el mundo» y por el momento no ha fijado plazos para llevar a cabo la reforma. «Todos somos iguales pero con capacidades distintas; si alguien con una capacidad distinta, por ejemplo síndrome de Down, puede trabajar en este Ministerio, también puede votar».