Responsabiliza a la administración por el fallecimiento de su madre, por lo que se ha embarcado en una batalla para que la Generalitat pague por ello. Mari Carmen Hurtado reclama a la Conselleria de Igualdad -antes Bienestar Social- más de 41.000 por los atrasos en pagar las ayudas de la Ley de la Dependencia que correspondían a su madre y por los daños y perjuicios causado «por la nefasta inactividad de la administración autonómica». Una mala gestión que precipitó, a juicio de la familia, el fallecimiento de la anciana.
El caso de Mari Carmen se remonta a mayo de 2010, cuando solicitó las ayudas de la Ley de la Dependencia para su madre, Encarnación Melgarejo, enferma de alzhéimer. Hasta noviembre de 2011 no se aprobó esta ayuda, que finalmente sería de 625 euros mensuales para que Encarnación pudiera ser atendida en una residencia de ancianos. Sin embargo, en plena ola de recortes por las crisis, la administración «no pagó ni un solo mes de estas ayudas», pese a que Mari Carmen se vio obligada en abril de 2011 a ingresar a su madre en una residencia ante la imposibilidad de cuidarla en casa.
«Destinábamos toda su pensión, 615 euros, para pagar la residencia, pero no era suficiente, porque la plaza costaba 1.400 euros al mes. En mi casa solo entra un sueldo y además había que pagar las medicinas de mi madre, la ropa, sus cremas...».
Obligada a llevarla a casa
De esta forma se fue generando una enorme deuda con la residencia que recayó sobre Mari Carmen Hurtado como tutora legal de su madre. Dos años después la deuda ascendía a 21.000 euros, por lo que finalmente se vio obligada a sacar a la anciana del centro y llevarla a su casa.
La administración autonómica seguía sin pagar y para Mari Carmen comenzó un calvario del que todavía tiene importantes secuelas. «Me llevé a mi madre en marzo y falleció en mayo porque en mi casa no le podían dar los cuidados que requería. Se cayó varias veces al suelo, tenía anorexia, se autolesionaba, se tiraba de la cama... para un enfermo de alzhéimer el cariño sólo no es suficiente».
A los cuatro meses de fallecer Encarnación, «la conselleria cerró su expediente», y Mari Carmen quedó debiendo 21.000 euros a la residencia en la que había estado ingresada su madre. Sin embargo, apoyada por su hija que ha estudiado derecho, Hurtado decidió en octubre de 2014 reclamar a la conselleria la responsabilidad patrimonial por los impagos y el fallecimiento de su madre. Se trata según explica su hija Carmen López, «del primer caso de responsabilidad patrimonial que se resuelve por vía administrativa».
«Sin relación de causalidad»
El pasado mes de junio la conselleria estimó parcialmente la reclamación, pero sólo accedió a pagar a Mari Carmen 14.531 euros por los daños y perjuicios ocasionados por los impagos de las ayudas de la ley. En cuanto a la solicitud de daños y perjuicios derivados del fallecimiento, la conselleria señala en su escrito de resolución de expediente que «no existe una relación de causalidad».
Mari Carmen Hurtado y su hija no se dan por satisfechas y ya preparan un recurso en el que además de volver a reclamar a la administración los daños morales, «vamos a pedir intereses por la demora de todo este proceso».
