La ley impulsada por Transparencia intenta regular la actividad de los grupos de presión. Ahora bien: ¿Qué colectivo es considerado un lobby por parte del Consell? Esta es una de las cuestiones centrales y más controvertidas de la ley. Según la conselleria, tienen esta consideración las entidades que desarrollan una actividad de lobby, es decir, «toda comunicación directa o indirecta, oral y escrita, con altos cargos y funcionarios, con la finalidad de influir en la toma de decisiones políticas, en la elaboración de normas o en la aplicación de políticas públicas, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental en beneficio de sus propios intereses o de terceras partes».
Y definida la actividad, Transparencia avanza un listado: consultorías de relaciones públicas, representantes de ONG, de corporaciones, empresas, asociaciones industriales o de profesionales, de colegios profesionales, de sindicatos, de organizaciones empresariales, de talleres o grupos de ideas, de despachos de abogados, de organizaciones religiosas o académicas, entre otras.
Según el texto no tienen consideración de lobbies las administraciones y entidades públicas, los partidos políticos (aunque sí sus fundaciones), las iglesias o comunidades religiosas (pero sí las oficinas, redes o entidades que representan sus intereses); y las organizaciones sindicales y empresariales que tengan la consideración de más representativas cuando realicen actividades en defensa de los intereses económicos y sociales que le son propios.
El borrador también define qué actividad no se considera lobby: los contactos que tengan como único objeto obtener información, así como las actividades relativas a la prestación de asesoramiento jurídico a la Generalitat.
