Tres de los cuatro exasesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia que se negaron a participar en la presunta operación de blanqueo de capitales durante la última campaña electoral municipal han ratificado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que recibieron presiones y amenazas para participar en el presunto pitufeo.

Los tres testigos han tenido que comparecer ante la magistrada instructora de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, Pía Calderón, y el Fiscal Anticorrupción, debido a la instrucción paralela que debe realizarse sobre el exconcejal popular, Miquel Domínguez, actualmente en el grupo de no adscritos en las Corts, después de que el juez del Caso Taula enviara una exposición razonada sobre su posible implicación en el pitufeo, al igual que hizo con la exalcaldesa Rita Barberá en el Supremo.

Los tres asesores confirmaron ante la magistrada, el Fiscal Anticorrupción y la letrada de Domínguez que se les propuso participar en el presunto pitufeo por el que entregaban 1.000 euros al grupo municipal del PP y, posteriormente, se les devolvería el dinero en dos billetes de 500 euros que no debían ingresar en su cuenta corriente, según su declaración ante el Juzgado de Instrucción 18.

Los tres testigos que han declarado hoy en el TSJCV han sido Jesús Gordillo, Arancha Martín y Nuria Diego. La cuarta asesora citada que también reconoció los hechos ante la Guardia Civil y el juzgado, Patricia Iserte, no ha podido acudir por motivos médicos.

La magistrada de la sala de lo Civil y lo Penal Pía Calderón, también ha pedido al Juzgado de Instrucción número 18, que instruye la pieza separada del Caso Taula contra el casi medio centenar de procesados por el presunto pitufeo, las declaraciones en sede judicial de tres de los acusados como la secretaria del grupo municipal del PP, Mari Carmen García-Fuster, la exasesora y exconcejala, Maria José Alcón y la exasesora Elena Rodrigo. Las dos últimas admitieron el presunto blanqueo.