Veinte meses después, el Pacte del Botànic no solo continúa vivo, sino que toma nuevo brío. Más allá del contenido de las 201 medidas incluidas en el documento de renovación del acuerdo, el principal mensaje del acto formal de ayer está en la propia vigencia de un matrimonio asimétrico a tres bandas por el que muchos no daban nada. Fundamentalmente, por lo que tiene de experiencia extraña en la política valenciana y española: un pacto entre tres partidos por el que solo dos forman gobierno y el tercero (Podemos) apoya desde fuera y se permite, a veces, mostrar su perfil más crítico.

No es que no haya habido problemas „ayer mismo, la firma se retrasó por una discrepancia en la redacción final„, pero ninguna de suficiente peso como para hacer tambalear el proyecto.

La renovación firmada supone además un cambio de piñón, si se acepta el símil ciclista. Pasado un largo y espinoso periodo electoral, asentado ya un gobierno en Madrid, comprobado de primera mano el estado de las instituciones valencianas „de «catástrofe social», en palabras de la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra„, se abre un tiempo diferente, sin citas electorales a la vista, si no hay sorpresa, más allá de la meta final: las autonómicas de 2019. Un tiempo además en el que la herencia recibida queda cada vez más lejos y pierde peso como argumento de lo que se deja por hacer.

Este contexto no explícito es el que sobrevolaba ayer en el Botánico de Valencia mientras los líderes de PSPV, Compromís y Podemos-CV firmaban la ampliación de su acuerdo de junio de 2015.

Si aquel era sobre todo una declaración de (buenas) intenciones en forma de 37 puntos, el de ahora supone bajar al escalón de lo concreto „sin llegar en todos los casos a pisar tierra, porque continúan apareciendo generalidades„ a través de 201 propuestas de acción, distribuidas en los mismos cinco ejes del primero. Aporta además un anexo con reclamaciones al Gobierno de Mariano Rajoy que el tripartito ofreció ayer a agentes sociales y a la oposición valenciana para que lo hagan suyo.

Bajar al terreno de lo concreto implica asimismo un cambio de ritmo. Esta, la lentitud del giro político, es la principal autocrítica asumida ayer por los actores del pacto. «Nos gustaría ir más deprisa», admitió ayer el presidente de la Generalitat y máximo representante del PSPV, Ximo Puig, si bien atribuyó la dificultad de los cambios a que la «desfeta» encontrada en las instituciones ha sido peor de la que esperaban. Es también la realidad de la gestión, siempre más ingrata que las promesas electorales.

En la parte de los logros, Puig puso en primer lugar la política social „destacó el fin de los copagos„, sin menospreciar los avances económicos. Los indicadores industriales sitúan a la C. Valenciana líder en crecimiento, subrayó. Sirvió al jefe del Consell para proclamar que «la izquierda también gestiona mejor la economía».

Con todo, es un hecho que el apartado económico del acuerdo de junio de 2015 es en el que quedan más puntos sin cumplir. Por eso el énfasis se pone ahora en la transformación del modelo productivo, aunque el objetivo queda más bien en orientación general política que en medidas concretas.

La firma de la renovación del acuerdo estaba pendiente desde el 25 de octubre pasado. Pese al amplio margen, los tres partidos aún discutían ayer algunos cambios de redacción.

Los negociadores se encerraron durante más de media hora. Llevaban cerrados de la noche anterior los cambios al borrador de octubre sobre la cuestión de los residuos „adelantado ayer por Levante-EMV„ y el alquiler social.

La discrepancia surgió sobre el preámbulo. A Podemos no le gustaba una referencia tan extensa a la Agenda 2030 de la ONU, como prefería Compromís, porque supone ligar el acuerdo a un texto que puede quedar vacío. Finalmente cedió, a cambio del compromiso de Puig y Oltra de que la mención no condicionará la futura ley de Cooperación.

El episodio ilustra la vida de los socios del Botànic durante los últimos veinte meses. El líder de Podemos, Antonio Montiel, insistía ayer en no renunciar al papel de «voz crítica». Se felicitaba del documento «de mínimos» y de la vitalidad de un acuerdo inédito en España, pero matizaba que «no es un cheque en blanco» y que hay decisiones de gobierno que no comparten.

Así van 20 meses y con expectativas de continuar hasta el final.