El macrojuicio por el presunto saqueo de la depuradora de Pinedo se celebrará el próximo mes de marzo, según confirman varias fuentes judiciales a Levante-EMV. Se retoma así el proceso de una de las primeras macrocausas de corrupción que comenzaron a investigarse en Valencia y que se suspendió el 2 de noviembre de 2015 para que se extraditara al considerado como el «cerebro de la trama», Jorge Ignacio Roca Samper, prófugo de la justicia desde abril de 2010 -un año antes de que se conociera el agujero económico en la empresa pública- y detenido en Moldavia en junio de 2015.

El juicio puede retomarse tras realizarse la instrucción complementaria que incluyó la confesión de Roca Samper el pasado 16 de junio, en la que admitió que formó parte de una trama fraudulenta para desviar más de 11 millones de euros gracias a los sobrecostes en el precio que cobraba por el tratamiento de los fangos de la planta depuradora de Pinedo entre 2004 y 2009. El empresario encarcelado admitió que parte de este dinero desviado de manera fraudulenta a sus empresas se repartió en comisiones a dirigentes de Emarsa y de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar). La investigación ha rastreado el destino del dinero en empresas de Roca Samper en Malta y en propiedades adquiridas en Burdeos.

Las mismas fuentes judiciales explican que la fecha concreta para el inicio del macrojuicio aún no ha sido notificada por la sección primera de la Audiencia de Valencia. Según explica un letrado personado en la causa «aún se baraja si señalar el inicio del juicio para antes o después de las fiestas falleras».

Al inicio de las vistas se llega, según explican varias fuentes judiciales, con una mayoría de conformidades alcanzadas por una gran parte de los 25 imputados en la causa, que han admitido los hechos a cambio de reintegrar el dinero defraudado y obtener una rebaja de la condena solicitada por la Fiscalía Provincial de Valencia.

No es el caso de los principales encausados en esta macrocausa judicial: el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo y los antiguos cargos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Jose Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, que siguen defendiendo su inocencia contra viento y marea y que se enfrentan a penas de cárcel de 12 a 14 años, solicitadas por la Fiscalía.

Los magistrados de la sección primera de la Audiencia de Valencia, Jesús María Huerta Garicano, Luis Carlos Presencia Rubio y Juan Beneyto Mengó serán los encargados de analizar durante siete meses, según la previsión inicial, los 450 tomos (291 de documentos) y dos expedientes electrónicos que suman los casi 200.000 folios que conforman sólo la causa principal del conocido como Caso Emarsa.

Además existen otras 11 piezas separadas abiertas por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales cometidos por una docena de imputados. Hasta ahora han sido condenados por blanqueo de capitales la exmujer del cerebro del saqueo de Emarsa, Jorge Ignacio Roca Samper, y por alzamiento de bienes el empresario de Notec SL, Vicente Ros. Por el contrario, el expresidente de Emarsa y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, fue absuelto junto a sus familiares de la acusación de ocultar un premio de lotería. Su hermano logró que se anulara el juicio que lo condenó por blanqueo de capitales y que deberá repetirse en la Audiencia Nacional.