El juicio por el cierre de la antigua RTVV y la legalidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acabó con el despido de 1.600 trabajadores quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Nacional. Para conocer la resolución habrá que esperar como mínimo un mes, según las fuentes.

A la intervención final del fiscal, Benito Agudo, en la que manifestó sus dudas de que la ley autonómica de 2013 que cerró los medios públicas sea inconstitucional -lo que, por tanto, rebatiría uno de los argumentos del sindicato demandante, CGT-, se agarran la Generalitat y la nueva corporación para confiar en una resolución favorable a sus intereses.

Los abogados de CGT, el único sindicato que no firmó el expediente de regulación, y representantes de los extrabajadores -que se concentraron ante la Audiencia Nacional- mantienen que el ERE fue ilegal y que existe una sucesión de empresas «de libro» porque el ente tiene el mismo objeto social, idéntico propietario (la Generalitat) y usa las mismas instalaciones.

Sin embargo, tanto los responsables de la nueva corporación como de la Abogacía de la Generalitat niegan que exista sucesión de empresas. Las fuentes consultadas en la corporación defienden que uno de los elementos clave para tumbar la sucesión de empresas es el plazo de tiempo transcurrido, tres años y dos meses, y apuntan que existen sentencias que recogen que con más de un año ya no se podría reclamar la existencia de una sucesión.

Añaden en la corporación que aunque se vaya a ocupar el mismo edificio, los contratos del antiguo ente quedaron finiquitados y la empresa ya no es la misma. El letrado de la corporación negó incluso durante el juicio que la actual corporación esté usando medios técnicos y documentales de RTVV.

Durante el juicio salió a relucir la actual emisión de una carta de ajuste en la frecuencia de RTVV por lo que se tomó declaración a varios testigos, entre ellos el presidente del consejo rector, Enrique Soriano y el de la comisión encargada de la liquidación, Francisco Gómez. Durante su intervención el liquidador dijo desconocer el motivo por el que existe un anagrama de la nueva corporación en la carta de ajuste y aseguró que es un técnico el que mantiene la frecuencia activa.

El cierre no justifica los despidos

CGT mantiene que la ley de cierre aprobada por la Generalitat para clausurar el servicio público no puede justificar los despidos. También deplora el argumento de que el apagón vino provocado por una causa de fuerza mayor. «La insuficiencia presupuestaria sobrevenida en el año de los despidos no existe», señaló el abogado de CGT en el juicio. Y si hubo otro motivo nadie ha aportado la documentación que lo justifique, añadió.

Mientras, la Abogacía de la Generalitat defiende ahora las tesis que mantuvo el PP tras el cierre: la constitucionalidad de la ley de 2013 porque el servicio era de su competencia y la situación insostenible de pérdidas que arrastraba RTVV, así como la práctica unanimidad sindical al firmar el ERE.