El exgerente de Impulso Económico y Local SA (Imelsa) y actual diputado provincial del PP, Rafael Soler, ha denunciado a la empresa pública de la Diputación de Valencia por no comunicarle «por escrito» el cese de su contrato de alta dirección como gerente de Imelsa. La demanda se dirimirá la próxima semana en un Juzgado de lo Social de Valencia.

Rafael Soler, exalcalde de la Pobla Llarga donde actualmente ejerce de concejal, ya fue gerente de Imelsa desde 1999 hasta 2005, cuando cesó al ser nombrado delegado del Consell en la provincia de Valencia. En enero de 2015, Soler volvió a la empresa pública de la Diputación para sustituir en la gerencia a Marcos Benavent, el exyonki del dinero que entonces permanecía en paradero desconocido, y cuando comenzaban a conocerse los primeros detalles de uno de las mayores tramas valencianas de presunta corrupción : el Caso Taula.

De hecho Rafael Soler fue nombrado gerente de Imelsa el 8 de enero de 2015, a propuesta del entonces presidente del consejo de administración de la empresa y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. El nombramiento de Soler se produjo «atendida la renuncia al cargo del gerente de Imelsa, Marcos Benavent, por motivos personales», según consta en el acuerdo de Imelsa rubricado por Rus.

Tras las elecciones municipales de 2015, el nuevo equipo de gobierno de la Diputación de Valencia decidió relevar a Rafael Soler al frente de Imelsa. El acuerdo se adoptó en el consejo de administración de Imelsa celebrado el 24 de julio de 2015 del que forma parte el mismo Rafael Soler por su condición de diputado provincial. De hecho, en el acta de la reunión en la que se aprobó su cese como gerente de Imelsa figura la coletilla «estando presente Rafael Soler Vert, se da por enterado del acuerdo de cese», aunque se abstuvo en la votación «por interés directo». El acuerdo era necesario adoptarlo a pesar de que la gerencia de Soler al frente de Imelsa estaba «suspendida» al ser elegido diputado provincial tras las elecciones de 2015. Y a estos argumentos se acoge ahora Rafael Soler para demandar a Imelsa ante un juzgado de lo Social. «El contrato [con Imelsa] se suspendió en virtud de excedencia forzosa por el desempeño de cargo público» por lo que «resulta imposible proceder a la extinción [del contrato de alta dirección] hasta tanto dicha situación de excedencia no concluya y se deje sin efecto la suspensión que pesa sobre el mismo», alega Soler en su demanda. También acusa a Imelsa de no comunicarle «por escrito» su cese como gerente por lo que, reclama, se debe considerar nulo su despido.