La Fiscalía provincial de Valencia solicita cuatro años de cárcel para el denunciante del «Caso Avialsa», Francisco Alandí, por un presunto delito continuado de descubrimiento de secretos informáticos. El Ministerio Público también solicita la apertura de juicio oral contra Alandí y el informático contratado por él para trabajar en el Holding Empresarial Avialsa SA, que se enfrenta a la misma pena de prisión.
El «caso Avialsa» investiga una presunta trama organizada para el amaño de contratos y el reparto del mercado de los aviones de extinción de incendios en toda España y otros tres países. El conocido como «cártel del fuego» supuestamente agasajaba a políticos y técnicos relacionados con la adjudicación de estos contratos. El caso estalló el 29 de mayo de 2015 con la detención del delegado del Gobierno y exconseller de Gobernación, Serafín Castellano, sobre quien la investigación ha acreditado que recibió un rifle y dinero en metálico para pagar las cacerías a las que era aficionado. Una treintena de personas han sido detenidas en el marco de la «Operación Hispaniolus».
Desde entonces, la defensa del empresario Vicente Huerta, propietario del Holding Empresarial Avialsa SA, ha intentando invalidar los «445 documentos y archivos informáticos» de la empresa aportados por Alandí, lo que en la práctica podría significar el desmontaje de toda la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt. El magistrado Héctor Santamaría ya rechazó una querella contra Alandí por este motivo ya que considera que si Alandí tuvo conocimiento de la comisión de supuestos delitos estaba obligado a denunciarlos.
Por el contrario, el empresario considera que la utilización de estos documentos en la investigación, «que fueron sustraídos por Alandí sin el consentimiento de su propietario», conculcan varios preceptos constitucionales: «el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la intimidad informática». Y también defiende que aceptar toda esta documentación aportada por el denunciante «infringiría el derecho a la tutela judicial efectiva y a la no indefensión, así como a un procedimiento garantizado».
El propietario del Holding Avialsa también critica que tanto la Fiscalía como la UDEF «han creído a pies juntillas toda las manifestaciones depuestas por Alandí y han admitido toda la documentación privada y ajena al propio denunciante, sin cuestionarse el origen y el modo de obtención de la misma, ilícitamente conseguida».
De ahí que finalmente sí que ha prosperado la denuncia por el acceso directo al ordenador del empresario Vicente Huerta, que es lo que se juzgará en breve en un juzgado de lo Penal de Valencia.
En su escrito de acusación, el fiscal acusa tanto a Alandí como al informático de «concertarse y seguir un plan establecido para someter a una estrecha vigilancia la actuación profesional y vida personal de Vicente Huerta. Al menos en seis ocasiones ambos acusados, gracias a herramientas informáticas o con la excusa de revisar el ordenador, «accedieron al correo electrónico» del empresario. Incluso nueve meses antes de abandonar el holding, tras dieciséis años trabajando en él, Alandí pidió al informático que «hiciera una copia de seguridad de todo el disco duro [del ordenador de Huerta] en un disco extraíble para luego verlo en casa tranquilamente», según el relato que hace la Fiscalía. Finalmente, el informático «confirmó a Francisco Alandí que ya disponía de la copia de seguridad referida» el 29 de octubre de 2012. Un mes después Alandí abandonaba la empresa.
