La propuesta inicial para una nueva financiación autonómica no pasaba de decir que en un mes se crearía una comisión de expertos designados por las distintas comunidades para elaborar una propuesta de nuevo modelo. Sin más detalle.
Concreción es lo que pedía Ximo Puig, sin tener la seguridad mientras el martes se hacía la foto de grupo en el Senado con el rey, Mariano Rajoy y el resto de presidentes autonómicos (salvo los dos famosos ausentes) de que fuera a salir adelante.
Por ello, miembros de su equipo prevenían de que el president acudía a la recuperada cumbre autonómica -la primera después de casi cinco años de olvido- a defender la postura del Consell (bipartito) y no la de Ferraz.
No es nuevo. Es lo mismo que ha sucedido en los últimos consejos de política fiscal y financiera, en los que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha votado en contra del acuerdo de PP y PSOE sobre el techo de déficit, con el apoyo solo de Baleares y Cataluña.
El aviso era una manera de empezar a desenfundar la tirita por si, al final de la cumbre, Puig tenía que aparecer con un mensaje crítico contra otras comunidades gobernadas por socialistas. Hubiera sido así de prevalecer la idea de que era mejor no tocar nada del borrador inicial y dejarlo en un texto sin agenda.
El líder de los socialistas valencianos no consiguió meter en el documento oficial nada sobre la mutualización de la deuda histórica y la retroactividad del nuevo modelo de financiación a partir de 2014 (sus otros grandes objetivos en este asunto), pero el acuerdo final sí dice que el consejo de política fiscal y financiera (encargado del seguimiento del proceso) deberá «intentar el máximo consenso en el año 2017». Es lo que el propio Rajoy destacó en su valoración del encuentro.
En resumen, la decisión que sale de la cumbre es la de abrir el melón de la financiación con una mínima agenda. No es demasiado, pero es algo palpable, al menos. Bastante como para que Puig puntúe con un siete en una escala de uno a diez los resultados del encuentro.
Y bastante como para que el secretario general de los socialistas valencianos pueda acudir el sábado al comité nacional del PSPV con una posición más fuerte que la de hace unos días. Podrá enarbolar ante sus miembros que ha conseguido que Ferraz y otros presidentes socialistas entiendan la posición valenciana. O el problema valenciano, por utilizar el discurso de Puig.
No es tiempo, no obstante, de autocomplacencia. El propio jefe del Consell reconoció el martes que queda lo más complejo: convencer al Gobierno central, a otras autonomías (más allá de las del eje mediterráneo) y a los grupos del Congreso de los Diputados de un modelo que ponga fin a la infrafinanciación valenciana y que se aplique de manera retroactiva desde 2014, cuando caducó el anterior. Y además toca hacer proselitismo (y lobby) para que el Estado asuma la deuda histórica.
El director del IVIE, Francisco Pérez, el comisionado valenciano en el grupo de expertos que ha de crearse, tiene trabajo.
La cumbre sirvió también para escenificar a distancia y en ausencia el gobierno coral valenciano. No solo porque Puig se esforzara en señalar que acudía como jefe de un Consell de dos partidos, sino porque quiso remarcar que acudía con encargos de la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís): los fondos de la dependencia, un pacto contra la violencia machista y la atención a los refugiados. Los tres fueron recogidos de alguna manera en el acuerdo final. Paz para el Botànic.
