El Consell puso ayer punto y final a uno de los focos de corrupción de los últimos años del PP, la Fundación Jaume II el Just. Constituida en 1999, esta entidad está siendo investigada en el caso Taula como presunto órgano para las mordidas de quienes estuvieron al frente. La fundación fue dirigida por Vicente Burgos y en ella estuvo dado de alta Marcos Benavent, el conocido como «yonqui del dinero».

El secretario Autonómico de Cultura, Albert Girona, ya anunció el pasado mes de septiembre que el Consell liquidaría esta institución, nacida en teoría para aglutinar todas las actividades relacionadas con el cenobio cisterciense que en su día se erigió por expreso deseo del monarca Jaume II, el monasterio de la Valldigna.

En el marco de la operación Taula se está investigando distintos contratos que pagó la entidad cultural, entre otros eventos, como un Te Deum que se ofició en la Catedral. También se indagan servicios de catering mensuales, coches de alquiler cuyo coste se multiplicó porque el conductor hizo un mal uso del vehículo, cócteles para más de 400 comensales y barbacoas para 300 personas en plena precampaña electoral. En total, se creó un agujero por el que se colaron 1,6 millones de euros, que fueron a parar a dos sociedades investigadas dentro del mismo caso.

Francisco Camps colocó al frente de la institución a su compañero de colegio Vicente Burgos, expresidente de Nuevas Generaciones del PP y quien dirigió presuntamente la trama de mordidas del 3 % desde esta entidad, donde se mezcla Taula con Gürtel.

De hecho, uno de los constructores que presentó Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, a Camps, consiguió ocho contratos con la Generalitat, y resultó ser a su vez donante de fondos de la Fundación Jaume II el Just, según publicó Levante-EMV en su día.

Burgos, exmarido de Mª José Alcón, exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia, adjudicó además a Thematica Events por dos días de alquiler de un coche y el pago de desperfectos en el vehículo. Por organizar un evento denominado Multaqa facturó 116.000 euros. Esta empresa también está siendo investigada en Taula.

Del CJC a prisión

El gerente de la fundación terminó dimitiendo de la misma. Más tarde se convirtió en mimebro del consejo de administración que liquidó RTVV y jefe de gabinete del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Dejó el cargo para ingresar en prisión por el impago de una multa de 2.100 euros.

En la pieza separada que investiga ahora el juez Víctor Gómez, además de Burgos están Maria José Alcón y Pedro Aracil, los empresarios Jose Adolfo Vedri (Grupo Engloba), Carlos Vicente Gil, Carlos Turró Homades (de Cleop) y otros contratistas de la Mostra de Valencia en 2006. Por estas últimas contrataciones bajo sospecha el juez también ha imputado al director técnico de la Fundación Municipal de Cine, Juan Piquer Simón.

A partir de ahora, será Cultura directamente la que se encargue de impulsar y difundir el valor del histórico monasterio.