Cien mil euros. Esa es la cantidad que recibirá una mujer por el retraso en el diagnóstico del cáncer de colon que padecía. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia valenciano que ha condenado a la Generalitat a indemnizar a la mujer que, inicialmente, fue tratada de anemia.

La Sala de lo contencioso administrativo ha estimado así parcialmente el recurso presentado por la mujer en impugnación de la desestimación entendida por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial que presentó en 2012, según la sentencia facilitada por el Defensor del Paciente.

Desde el 17 de febrero de 2011 la paciente, natural de Madrid y entonces de 63 años, acudió en diversas ocasiones a la consulta de su médico de atención primaria en el Centro de Salud de Guardamar del Segura (Alicante) por fatiga y otros síntomas, motivo por el que fue tratada de anemia ferropénica.

Aunque una analítica de sangre en heces dio positivo en junio de ese año, el médico no prescribió ninguna prueba más y se limitó a tratar la anemia.

Dieciséis meses después, en mayo de 2012, la enferma fue atendida por otra médica en el mismo centro de salud quien, al observar su analítica de sangre en heces, alertó a la paciente y solicitó por su cuenta una colonoscopia preferente que derivó en el diagnostico de adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado.

En agosto de ese año se sometió a la paciente a cirugía para la implantación de un dispensador de quimioterapia y comenzó el tratamiento, según informa el Defensor del Paciente.

Tras diversos tratamientos el cáncer metastatizó al pulmón, de lo que fue intervenida pero el tumor siguió progresando por lo que ha tenido que ser de nuevo intervenida en diversas ocasiones.

Se interpuso reclamación patrimonial administrativa, y posterior demanda contencioso administrativa por desestimación por silencio administrativo.

Durante la tramitación de este procedimiento judicial, se presentó querella contra el médico, lo que dio lugar a la apertura de diligencias previas penales en el juzgado de instrucción número 5 de Torrevieja, que concluyeron con informe del médico forense que establecía la mala praxis.

Por ello, se presentó acusación tanto de la fiscalía como de la paciente contra el facultativo por un delito de lesiones por imprudencia profesional, pero estando pendiente de señalamiento el juicio el acusado falleció (en agosto de 2016), lo que supuso el archivo de la causa penal y la reactivación del procedimiento contencioso administrativo.