El pleno de las Corts Valencianes votará hoy la propuesta de magistrados a la renovación del Tribunal Constitucional. Al Parlamento valenciano le corresponde designar dos nombres, aunque la elección final la tiene que aprobar el Senado antes del 10 de febrero.

Por aritmética parlamentaria saldrán elegidos los propuestos por los tres grupos que sustentan al Consell, salvo sorpresa. PSPV y Compromís han registrado el nombre de la magistrada de lo contencioso administrativo del TSJCV Alicia Millán Herrándiz y Podemos a la portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia y fiscal adscrita a la Sección de Violencia sobre la Mujer, Susana Gisbert.

El grupo parlamentario de Ciudadanos no ha presentado candidatos, mientras el PP ha llevado a la cámara el nombre de dos magistrados con domicilio en Madrid, según el currículum de ambos. Uno tiene 79 años y el otro, 74. Los populares valencianos secundan la propuesta que el PP realiza en toda España. Pero llama la atención que ninguno de los dos haya nacido ni resida ni tenga vinculación conocida con la Comunitat Valenciana, cuando ha sido la propia síndica popular, Isabel Bonig, la que ha reclamado a la dirección nacional de su partido más protagonismo y visibilidad para los populares valencianos.

Los candidatos propuestos por el PP son Alfredo Montoya Melgar, nacido en Madrid en 1937 y doctor en derecho por la Universidad de Sevilla. La otra propuesta es la de Ricardo Enríquez Sancho, también madrileño y magistrado del Tribunal Supremo, que ingresó en la carrera judicial en 1971.

Enríquez ya fue propuesto por las Corts en 2014 en una votación en la que su nombre salió victorioso ya que entonces el PP contaba con mayoría absoluta.

Se da la circunstancia, según explicaron anoche fuentes populares, que los socialistas valencianos y los de les Illes Balears son los únicos que se han saltado un acuerdo alcanzado a nivel estatal por los dos partidos mayoritarios para apoyar una serie de nombres pactados para renovar el Constitucional.

Pero, socialistas valencianos, igual que Compromís y Podemos, ya habían anunciado la semana pasada que designarían a dos mujeres. Con ello cumplen un acuerdo adoptado en la reciente conferencia de presidentes de parlamentos autonómicos celebrada el pasado 13 de enero en las Corts. En ella se solicitaba a los parlamentos autonómicos que tuvieran en cuenta en su decisión la perspectiva de género y la conveniencia de que en el TC se cumpla la Ley de Igualdad, una norma aprobada en 2005. En la actualidad de los 12 miembros de este tribunal únicamente dos son mujeres, pese a que en España el número de juezas supera ampliamente al de jueces. En aquella reunión de la comisión que eligió presidente a Enric Morera hubo coincidencia en que la renovación de los cuatro miembros del Constitucional que ahora tiene que abordar el Senado era un buen momento para tratar de garantizar la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Todos coincidieron en la necesidad de incorporar más representación femenina en este tribunal.