El 95% de los ciudadanos considera que la justicia no funciona bien, según una encuesta elaborada por la Federación de Asociaciones de vecinos, la Universitat de València, la Unión de Consumidores, Avacu y la Universitat de València. La consulta ciudadana a un total de 433 encuestados ha sido fruto del trabajo de la Plataforma para la mejora del servicio de la Justicia creada hace un año entre vecinos, entidades de consumidores y el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de Rosa.
El problema, según han desvelado en rueda de prensa los responsables del estudio, es que la justicia no se percibe como un servicio público. El 83% de los encuestados hablan desde la experiencia directa porque han tenido que recurrir a la justicia para resolver alguna cuestión. De ahí que uno de cada seis encuestados no identifica la justicia como un servicio público como la sanidad o la educación y uno de cada tres considera que no recibe el mismo trato que cuando acude a ser atendido a otro servicio público.
Los ciudadanos también reclaman que se potencie la mediación como alternativa judicial y considera que el Gobierno debería destinar más recursos a la administración de justicia, ya que consideran que no funciona bien por la falta de medios y reclaman una mayor pedagogía, mejor comunicación y mejor atención al ciudadano, ampliar horarios a la tarde o los sábados y una mayor empatía hacia el ciudadano, según han explicado en rueda de prensa el presidente de la Audiencia de Valencia, Fernando de Rosa, y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, Martia José Broseta.
El presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de Rosa, ha presentado este jueves en rueda de prensa esta encuesta, llevada a cabo por la UV, a propuesta de la Plataforma para la Mejora del Servicio de la Justicia, integrada por dicha Audiencia Provincial, la Asociación Valenciana de Consumidores (Avacu), la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (Uccv), y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia (Faavv).
De Rosa ha explicado que van a partir de la opinión pública expresada en esta encuesta para "trabajar" en los aspectos señalados y ha destacado que han podido acreditar un "gran desconocimiento" de la Administración de Justicia por parte de los ciudadanos, dado que uno de cada seis encuestados no lo identifica como un servicio público y uno de cada tres expresa que no ha recibido el mismo trato que cuando va a otros.
En cuanto a las experiencias de la ciudadanía en los Juzgados, un 36% de los cuestionados las califica como neutra, al tiempo que un 36% las considera negativa y únicamente un 28%, positiva. Además, sólo un 14% de los que utilizaron este servicio público, emplearon la Justicia gratuita y, de estos, un 54,5% señalan que fue fácil tramitarla.
En esta línea, sólo un 27% sabe cómo solicitar un abogado de oficio, y, de ellos, menos del 10% lo han usado.
Dificultades con el lenguaje judicial
La encuesta también se interesa por el tiempo que se tarda en resolver un procedimiento judicial, sobre lo que los ciudadanos han presentado una respuesta negativa en un 63%, dado que sólo un tercio declaran que tuvieron tiempo para explicar lo que querían. También un 44% indica que contactar por teléfono fue difícil o muy difícil y un 48% responde que no entiende el lenguaje judicial. Así, únicamente un tercio de ellos leyó lo que firmó.
Sobre el funcionamiento de la vía judicial, un 64% de los encuestados señala que se ha cumplido la sentencia. Además, un 44% valora como buena la atención de funcionarios, y neutra un 31%, mientras que sólo un 20% conoce los puntos de información de Juzgados, pero no llega al 17% el número de ciudadanos que indica que son fáciles de localizar. Un 28% opina que los Juzgados no resultan accesibles para personas con discapacidad y un 55,23% cree que no existe teléfono de información en los Juzgados.
Cuando llega el momento de la citación en sede judicial, el 60% de los preguntados declara que ésta no se realizó en la hora prevista; un 48,8% no tuvo un lugar para acomodarse durante el retraso; un 82.5% no recibió explicación del retraso; un 58,4% sintió falta de intimidad durante la actuación judicial, y un 73% tuvo dificultades para localizar su sala. En cuanto a lo positivo, un 62% considera las instalaciones adecuadas.Menos de un 9 % en valenciano
Asimismo, menos de un 9% optaron por usar el valenciano en su relación con la Justicia, y de estos, aproximadamente un tercio dicen haber tenido problemas para ello.
En cuanto a las potenciales mejoras, un 97% de los participantes de esta encuesta afirma que el Gobierno central debería dedicar más dinero a mejorar la administración de Justicia y opinan a dónde destinar estos recursos: un 67,7% a aumentar número de jueces; un 57,3% a otro tipo de personal; un 72.8% a más y mejores tecnologías; un 47% a mejorar infraestructuras, y un 12% a otros aspectos.
"No creen que sea un problema únicamente de la Administración central, creen que también hay un problema en la autonómica", ha precisado De Rosa.
Los ciudadanos que han respondido a estas preguntas también destacan que los Juzgados deberían abrir sus puertas también por las tardes. Concretamente, un 95% piensa de este modo, al igual que un 80% que cree que también deberían estar disponibles la mañana de los sábados.
El presidente de la Audiencia de Valencia ha señalado que algunas de las reivindicaciones que se extraen de este estudio son las de una mejor atención al ciudadano, mejor accesibilidad, o mayor empatía con los ciudadanos, además de más jueces y más tecnología y ha expresado su deseo de que estos resultados sean "un punto de partida", por lo que realizarán propuestas para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Conselleria de Justicia y el Ministerio de esta rama.
La experta de la UV que ha dirigido este trabajo, Amparo Oliver, ha afirmado que si tiene que definir la conclusión de esta encuesta es que los ciudadanos consideran que tienen una Justicia "lenta", además de un "gran desconocimiento". Así, considera imprescindible la "implicación" de las autoridades políticas y judiciales debido al "trato discriminatorio que pone en riesgo el sistema", ya que los ciudadanos "no perciben que haya una igualdad de derechos como en el resto de servicios públicos" y ha considerado necesaria una "dotación presupuestaria".
Por parte de la Faavv, su presidenta, María José Broseta, ha asegurado que este estudio debe ser "un primer paso" y ha instado a "no quedarse aquí". Sobre este punto, ha apuntado que está previsto organizar jornadas con vecinos o colegios profesionales, que "se tienen que implicar".
Desde la Uccv, Vicente Inglada ha subrayado que la gratuidad de la Justicia es "una reivindicación hacia el Gobierno central" y "nos encontramos tasas y más tasas". En cuanto a las dificultades de los usuarios para entender el lenguaje judicial, ha indicado que "debería hacer reflexionar a políticos y jueces" y ha pedido "hacer más ciudadano el lenguaje".
"La gente sigue sin leer lo que firma. Pedimos que la gente se lea la letra pequeña y absolutamente todo, porque luego nos encontramos cláusulas suelo y cláusulas abusivas", ha lamentado Inglada.
Por último, desde Avacu, Fernando Móner ha destacado el dato de que un 73% declare que tuvo muchas dificultades para encontrar la sala en la que se celebró su procedimiento, por lo que ha apuntado que existe un problema de señalética.
