El informe de la Alta Inspección sobre la técnicas de facturación en las Urgencias del hospital de Alzira arroja más leña al fuego del proceso de reversión que está en marcha ante la finalización del contrato suscrito en su día por la Conselleria de Sanidad con la UTE Ribera Salud II para gestionar el departamento y que dio inicio al conocido modelo Alzira. Se conoce, además, casi un año después de que fuera encargado en un intento de la Conselleria de Sanidad por conocer el estado concreto de las concesiones, tanto a nivel económico como asistencial. Al mismo tiempo que se anunciaron auditorías por servicios, se anunció que se redoblarían las comprobaciones «in situ» para conocer el funcionamiento real de los servicios sin el previo aviso que venía rigiendo hasta el momento.
Precisamente ayer, la gestora del departamento de Alzira, la UTE Ribera Salud II, defendía que su servicio de Urgencias había superado sin problemas una de estas auditorías asistenciales, realizada el pasado viernes 20 de enero, además, «en pleno auge de las presión asistencial en todos los hospitales de la Comunitat como consecuencia del frío y el incremento de la gripe».
El servicio de comunicación del hospital adjuntó el acta de inspección en la que el inspector refiere que no halló «ninguna anomalía ni deficiencia destacable» tras comprobar la «estructura, planilla de personal, recursos humanos disponible y saturación de la unidad». Fuentes del hospital destacaron que, para hacer frente a la gripe y al aumento de presión asistencial en urgencias, se ha puesto en marcha un plan de refuerzo con más personal.
Desde el centro hospitalario tachan además de «hecho sin precedentes» el que la Conselleria de Sanidad realice una auditoría a las urgencias este mes de enero cuando ya se hizo una el año pasado, en marzo de 2016, además en el mismo servicio pese a que «históricamente la Conselleria viene auditando un mismo servicio con una periodicidad de, al menos, dos años». Así, desde la Ribera defienden que en 18 años han sido sometidos a 45 auditorías «lo que desmontaría el argumento de que el centro alcireño no ha sido auditado por la administración pública».
