En la norma de Montoro se contempla como alternativa que si los municipios pequeños no disponen de capacidad para contratar a un tesorero habilitado o a mancomunar el servicio, puede ser el secretario interventor el que asuma esta responsabilidad. De modo que tendría que dar el visto bueno a unas facturas que él mismo habría firmado. «Ha matado a Montesquieu», lamenta el director general de Administración Local, Antoni Such.
«Montoro se ha cargado con esta modificación el principio de separación de poderes. No sé cómo se va a ejercer una tarea de control si es la misma persona la que lo hace todo», lamenta. En este sentido, este apartado de la reforma fue vendido precisamente como un cortafuegos contra la corrupción en los municipios, para imponer más independencia y vigilancia a las arcas de los consistorios. La medida del PP (con su extesorero Luis Bárcenas en la cárcel), tiene visos de readaptarse. Al menos así lo exigen los agentes locales. Con un Congreso más plural y con los propios ayuntamientos gobernados por populares en contra, de momento se espera que el primer paso sea la prórroga. m. b. valencia
