«El problema lo ha creado el gobierno central y es él el que tiene que arreglarlo». Así se pronunció ayer la diputada de asesoramiento municipal, asistencia y defensa en juicio, Conxa Garcia, respecto al conflicto abierto entre los municipios de menos de 20.000 habitantes y el Ejecutivo de Mariano Rajoy a cuenta de la obligatoriedad de crear la figura del tesorero habilitado nacional en estas localidades.
Para la diputada, la reforma de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es «totalmente antimunicipalista. Se apunta a los ayuntamientos pequeños como si fueran los causantes de la corrupción en este país y somos los únicos que cumplimos con todas las normas, los menos endeudados.... », critica Garcia, quien añade que la Diputación de Valencia pide al departamento de Cristóbal Montoro «una solución» a esta situación que se ha creado desde el pasado 1 de enero.
Ese día expiró la moratoria por la cual los concejales o administrativos de estos municipios todavía podían ejercer las labores de tesorería de los mismos. Ahora deben ser profesionales habilitados los que asuman esta tarea, pero la mayoría de los 386 pueblos de menos de 5.000 vecinos no puede pagarlo y están fuera de la ley en estos momentos.
La reforma apunta a que en este caso, los ayuntamientos pueden mancomunar o agrupar el servicio entre varias localidades (algo por lo que aboga el colegio de tesoreros también), o bien pedir a las diputaciones que colaboren. Sin embargo, la delegada responsable del área rechaza de momento esta idea. «Lo que debería haber hecho el gobierno es dotar la ley de un presupuesto necesario para poder cumplirla», apuntó Garcia.
