La Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria (ARCI) ha reclamado al Consell la aprobación «urgente» de una normativa autonómica que regule la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad Valenciana.
Según aseguran, el objetivo de esta iniciativa es «resolver el problema de contaminación de suelos y acuíferos, deterioro paisajístico, intrusismo y el grave riesgo para la salud que produce la diseminación de escombros y los vertederos incontrolados».
La patronal ARCI, que recientemente lanzó una aplicación informática para que los ciudadanos pudieran denunciar la existencia de vertederos ilegales de escombros, las plantas legales de valorización y reciclaje solo gestionan unas 215.000 toneladas de residuos, lo que supone únicamente un 20% de la producción que se estima genera el sector.
«Nos enfrentamos a un problema de primera magnitud porque este vacío legal permite que se amontonen residuos de todo tipo, peligrosos y no peligrosos, sin clasificación ni autorización alguna», manifestó el portavoz de ARCI, Vicente Ferrer.
La asociación alerta de la presencia en estos vertederos ilegales dispersos por toda la Comunitat Valenciana de materiales cancerígenos como el amianto a los que los ciudadanos están expuestos.
La asociación «apremia» a la Administración valenciana para que incluya en «la hoja de ruta del acuerdo del Botánico una gestión ordenada, transparente y eficiente de este tipo de residuos para paliar la situación de desigualdad y desventaja con respecto a otras comunidades.
«Hasta la fecha se está incurriendo en un incumplimiento de la legislación estatal porque las corporaciones locales se escudan en la inexistencia de un modelo de referencia sobre el que inspirarse» advierte Ferrer.
A iniciativa propia, ARCI ha elaborado una propuesta de ordenanza municipal para lograr una regulación y control efectivo de los residuos de la construcción.
