La Fundación Desarroya está siendo investigada por un juzgado valenciano por el presunto fraude en tres proyectos y obras financiados con fondos Ruralter-Leader, de la Unión Europea y la Conselleria Agricultura, en la Hoya de Buñol-Chiva.

Una investigación de la Oficina Antrifraude (OLAF) dependiente de la Comisión Europea determinó que la Fundación Desarroya emitía facturas «falsas» o «considerablemente infladas». El objetivo de esta práctica presuntamente irregular era «inflar los gastos declarados como gastos de funcionamiento» por la entidad—el Grupo de Acción Local— que gestionaba los proyectos financiados con fondos europeos y «maximizar la subvención recibida» de la Generalitat Valenciana y de Bruselas.

La Fundación Desarroya fue contratada por la Asociación Llano de Chiva a la Plana de Utiel para llevarle la contabilidad y la gestión de los distintos proyectos que aspiraban a los fondos europeos. Sin embargo, la OLAF denuncia en su informe que tanto Marcial Díaz como otra trabajadora Desirée Franco, empleados de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva trabajaban presuntamente para el GAL Llano de Chiva dentro de su horario laboral en la Mancomunidad y también físicamente en la sede supramunicipal. Ello con el presunto consentimiento del presidente de la Mancomunidad, Rafael Lisarde. Todo esto, también se investiga en Valencia.