Internet, en particular, y la tecnología, en general, son aliados del crimen organizado pero también constituyen eficaces herramientas para luchar contra todo tipo de delicuencia, incluido los casos de corrupción que tienen su caldo de cultivo en las administraciones públicas. Y este potencial es el que quiere ser aprovechado por la Conselleria de Transparencia en dos nuevos proyectos en los que se lleva trabajando hace tiempo: el sistema de alerta rápida para la prevención y detección de malas prácticas, irregularidades, fraude y corrupción (SAR) y el buzón responsable y de buen gobierno. Se trata de dos iniciativas de diferente naturaleza, pero que comparten el reto de acabar con el lodazal de la corrupción en la Generalitat y conseguir que la ética se implante en la gestón diaria. La tecnología es, además, la piedra angular de unos proyectos con los que el departamento que dirige Manuel Alcaraz da un paso más en su cruzada por la transparencia, una apuesta recogida como eje del acuerdo del Botànic, pero que en ocasiones incomoda a sus propios compañeros de viaje.
Controversias al margen, la conselleria ha dado ya los primeros pasos para, desde dentro, reforzar los controles. Sin ir más lejos, el pasado viernes, el Consell aprobó un convenido con la Universitat Politècnica valorado en 55.000 euros para desarrollar una aplicación informática que permita detectar malas prácticas o corruptelas a partir de las bases de datos de la Administración de la Generalitat. El proyecto Sar, impulsado desde la subsecretaría de Transparencia y que Levante-EMV avanzó en su día, es en la práctica un sistema operativo para identificar y avisar a los gestores de posibles irregularidades en el ámbito competencial de la Generalitat.
Y, según la conselleria, serviría de complemento a los órganos de control ya existentes como la Intervención, la inspección de servicios o la Abogacía de la Generalitat cuya labor es clave pero insuficiente para prevenir los casos de corrupción. Y es que el patrón de actuación es diferente.
El punto de partida es identificar las zonas de riesgo en la gestión (contrataciones, caja fija, convenios, subvenciones, licencias, autorizaciones urbanísticas, gestión de personal, etc) y utilizar las bases de datos disponibles en la Generalitat (registro de altos cargos, pagos, empresas contratistas, cajas fijas, etc) para cruzar datos y efectuar el control preventivo. Y es en este punto donde la informática gana protagonismo. Transparencia busca una aplicación que desarrolle modelos, métodos y algoritmos que pueda encender las alarmas. El cruce de datos a veces podría ser sencillo, por ejemplo, la coincidencia de que un alto cargo figure en empresas con las que se está contratando, la subcontratación de firmas del mismo grupo empresarial, la concurrencia de subvenciones en proyectos parecidos o el pago a particulares por caja fija por conceptos similares, etc. Pero hay veces que los indicadores no son tan sencillos y manejar el volumen de información resulta complejo.
La tecnología también será fundamental para poner en marcha el buzón responsable, una iniciativa con la que el departamento de Alcaraz quiere implicar a la ciudadanía en la lucha contra los asuntos turbios. El buzón es un canal de comunicación electrónica a partir del cual un ciudadano podría comunicar aquellas conductas realizadas por funcionarios o altos cargos que resultan contrarias a la ética y el buen gobierno. La cuestión clave es cómo garantizar la confidencialidad y a ser posible el anónimato sin que se rompa la comunicación con la persona denunciante. La conselleria se ha fijado en el buzón de denuncias anónimas contra la corrupción puesta en marcha en Barcelona, el único de estas características en toda España. Este proyecto, en el que ha participado la ONG Xnet, garantiza cien por cien la privacidad del denunciante. Para ello se ha utilzado una herramienta que garantiza la privacidad y la seguridad en internet ya que la conexión pasa a través de un serie de túneles cifrados virtuales en lugar de por conexión directa. Este método dificulta el rastreo de la fuente de información. Este encriptamiento de las comunicaciones, sin embargo, precisa de una tecnología avanzada. La Dirección General de Transparencia ha viajado ya a Barcelona para ver las posibilidades de exportar esta iniciativa pionera y se reunirá en unos días con la Dirección General de Tecnología para ver si el sistema catalán es trasladable desde el punto de vista técnico a la Generalitat.
