«Estoy pendiente de unos fregados gordos e importantes (...) lo de Valencia puede estar envainado, tenemos una comida para hablar de Fitur, le vamos a hacer la campaña a Paco Camps y se lo van adjudicar a Álvaro Pérez, que se va allí a trabajar», confesaba el empresario Francisco Correa al concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, en las conversaciones grabadas a hurtadillas por el segundo y que han sido el germen del caso Gürtel. Una de las mayores macrocausas de corrupción investigadas en España de la que el pasado viernes se conoció la primera sentencia judicial, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ocho años después de que estallara el escándalo.
Una honorable exconsellera, Milagrosa Martínez, conocida por el apodo de «La Perla», su jefe de gabinete, Rafael Betoret, tres técnicos de la Agència Valenciana de Turisme (AVT) y seis miembros de las empresas del Grupo Correa -con Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez al frente- han sido condenados a penas que suman un total de 80 años y diez meses de cárcel.
La extensa y detallada sentencia que los condena es el relato frío y descarnado de «la trama valenciana del Grupo Correa» creada «con la intención de lucrarse indebidamente a costa de los fondos públicos», según el fallo redactado por el magistrado del TSJCV, Juan Climent.
La Conselleria de Turismo fue una de las primeras estructuras de la Generalitat donde se incrustó la trama Gürtel porque, como declaró un testigo durante el juicio, «la estrategia de entrada en el goloso ámbito de la comunicación pública era el área de turismo, muy apetecible para todas las agencias. Y el modo de penetrar era a través de personas que trabajaban en esta área».
La Conselleria de Turismo nació con estructura propia el 27 agosto de 2004, con el nombramiento de Milagrosa Martínez como titular de este departamento con cartera propia en el Consell. La sucursal valenciana de la Gürtel se había creado apenas un año antes, el 24 de julio de 2003. Ambas maquinarias, la pública y la privada, demostraron estar muy bien engrasadas y compenetradas a pesar de su reciente creación.
En octubre de 2004, la empresa Orange Market ya disponía de un resumen de las condiciones técnicas del espacio que Turismo aspiraba a contratar para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2005, a pesar de que el expediente de contratación no se inició oficialmente hasta el 5 de noviembre de 2005. La sentencia del caso Fitur también declara como hecho probado que la trabajadora del grupo Correa, Isabel Jordán (6 años de cárcel), y la coordinadora de ferias de la Agència Valenciana de Turisme (AVT), Ana María Grau (3 años de prisión), ya intercambiaban correos el 29 de octubre de 2005 sobre los detalles del concurso público, que ni siquiera se había convocado. Jordán incluso remite a Grau los pliegos del concurso público, que aún no se había publicitado, «con las correcciones que nosotros hemos creído oportunas». La trama Gürtel incluso es la que facilita el plano del stand de Fitur 2005 a la AVT, que después se repartirá entre todos los aspirantes a la licitación, amañada en origen, como también declara probado la sentencia.
Este mismo esquema se repitió en todos los concursos del stand de Fitur y ferias anexas desde 2005 hasta 2009, cuando estalló el escándalo de la trama Gürtel. Y en el ajo de estos tejemanejes tejidos de información privilegiada, adjudicaciones a las ofertas más caras, facturas hinchadas y sin detallar e irregularidades consentidas estaban, según declara probado el fallo del caso Fitur, los tres técnicos de la AVT condenados: Isaac Vidal, jefe del área de mercados y Comunicación (7 años de cárcel); Jorge Guarro, jefe del servicio de promoción de la AVT (4 años de cárcel) y Ana María Grau (3 años de prisión). Ninguno de los tres supo explicar durante el juicio cómo pudo disponer Orange Market de toda información privilegiada sobre los concursos que ganó, a pesar de su falta de experiencia en 2004 y ser la oferta más cara en todas las ediciones. Y todos derivaron en su inmediato superior, el jefe de gabinete de Milagrosa Martínez, Rafael Betoret (condenado a seis años de cárcel), las órdenes para adjudicar contratos por valor de 5.696.428,33 euros a las empresas del Grupo Correa entre 2005 y 2009. Era la máquina gürteliana de amañar contratos de La Perla.
