La vida sigue igual, como cantaba Julio Iglesias, para los exdirigentes del PP imputados en la pieza del caso Gürtel que investiga los tres presuntos delitos electorales cometidos por esta formación en las elecciones de 2007 y 2008. Todo sigue igual para ellos a pesar de la confesión de los nueve empresarios que el pasado viernes admitieron ante la Fiscalía Anticorrupción haber financiado ilegalmente al PP. Y nada cambia porque, defienden fuentes cercanas a los investigados, son «inocentes» y están convencidos de poder demostrarlo en el juicio que comenzará el próximo 13 de marzo en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La vista pondrá bajo la lupa las finanzas del PP de la Comunitat Valenciana que concurrió a las tres elecciones (municipales, autonómicas y generales) celebradas en 2007 y 2008 supuestamente «dopado» con dinero negro y financiado de forma ilegal por diez empresas constructoras valencianas, según el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Una acusación surgida tras la investigación del caso Gürtel que obliga a sentarse en el banquillo a cinco dirigentes de la cúpula de Francisco Camps, responsables de las campañas electorales de 2007 y 2008 y de las finanzas del PPCV: Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, Cristina Ibáñez y Yolanda García.

Junto a ellos también se sentarán los habituales cabecillas de la trama Gürtel condenados el pasado viernes por Fitur e imputados en el resto de piezas: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez Alonso «el Bigotes», Cándido Herrero y Ramón Blanco Balín. El banquillo de los acusados político y gürteliano se completa con una tercera sección empresarial, por los diez contratistas acusados de financiar ilegalmente al PP que han confesado los hechos: Vicente Cotino Escribá, Enrique Gimeno, Antonio y Alejandro Pons Dols, Gabriel Batalla, Tomás y Rafael Martínez Berna, Enrique Ortiz y José Francisco Bernia.

Según el juez, el PPCV declaró haberse gastado 175.000 euros en la campaña electoral de 2007, aunque en realidad alcanzó los 1.155.231,43 euros, por citar un detalle de la instrucción. Y parte de esa factura por los actos que organizaba Orange Market la abonaban los empresarios imputados a través de facturas por trabajos nunca realizados, según el auto de apertura de juicio oral.

Un relato de los hechos que los exdirigentes populares insisten en negar hasta las últimas consecuencias. Ni las severas condenas impuestas en la primera sentencia del caso Gürtel conocidas el viernes, ni las confesiones de los empresarios o los posibles pactos con la Fiscalía de algunos miembros de la trama Gürtel poliimputados en todas las piezas del caso provocan que los exdirigentes populares muevan un ápice su postura. Confían en la profesionalidad del tribunal de la Audiencia Nacional y en su inocencia para salir indemnes de este mal trago. E insisten en que, si los empresarios han admitido los hechos, deben haber identificado a los interlocutores con los que cometían los delitos que acaban de reconocer. La situación es compleja. Por eso, explican, sólo deseen que llegue el 13 de marzo para poder explicarse y que nada, ni nadie retrase el juicio.