Sorprendidos a medias y decepcionados. A medias porque, según explicó Miguel Durán, el abogado de Pablo Crespo, se esperaban encontrar un tribunal «nada imparcial» y «condicionado» por la mediatización del caso. Lo que se conoce como la «condena de banquillo». «Y así ha sido», lamentó tras conocer el auto. Aunque en parte esperada, no les agradó la orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana del ingreso inmediato en prisión de los tres cabecillas de la trama Gürtel.
Tenían la esperanza de que aunque las condenas no fueran igual en cuanto a número de años en prisión se refiere, el reciente caso de Rafael Blasco sentara un precedente y la sala hiciera caso omiso de la petición de la Fiscalía Anticorrupción de decretar la entrada a la cárcel como medida cautelar, «para evitar fugas», como también hizo en aquella ocasión.
Según se recoge en el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, la doctrina del caso Cooperación, que se zanjó con ocho años de prisión para el exconseller de Solidaridad de Francisco Camps y que aplicó esta misma sala, fue uno de los argumentos esgrimidos para reclamar la libertad provisional de los tres cabecillas.
En junio de 2014, el tribunal acordó una fianza de 200.000 euros para Blasco hasta que la sentencia fuera firme. Ni prisión ni los dos millones de euros que pedía la Fiscalía fueron considerados. Ayer la situación fue bien distinta. Ni la constante presencia de los tres encarcelados en diferentes sedes judiciales casi diariamente (hay un juicio en marcha en Madrid y se espera la apertura de otro para marzo); ni el ofrecimiento de liberar más de 270.000 euros de una cuenta de Suiza para responsabilidad patrimonial e ir así «reparando el daño hecho», según el abogado de Correa, Juan Carlos Navarro; ni el gesto de llevar tres bolsas de gimnasio cargadas de enseres para hacer ver que «colaboran» y que no van a fugarse; ni la doctrina Blasco sirvieron para evitar que Correa, Crespo y Pérez durmieran ayer en Picassent.
«No son idénticos»
En los autos emitidos, la sala del TSJ reconoce que «efectivamente no se accedió a la petición del fiscal» en el caso Blasco, «pero los casos no son idénticos, las penas aquí son superiores -13,3 para Crespo y 12,3 años para Correa-, y quedan más piezas por enjuiciarse». Precisamente a la «gravedad» de la pena y al horizonte repleto de más posibles complicaciones que pueden derivar en años de prisión añadidos a los ya acumulados, achaca el tribunal un posible riesgo de fuga, al tiempo que apunta también a la destrucción de pruebas.
«No tiene ningún sentido. Cuando nos enfrentamos a este juicio la petición era de 27 años, que se han quedado en 13, por lo que hay menos riesgo de fuga», explicó Navarro. «Todas las medidas cautelares estaban acordadas. Únicamente cabía que, en vez de ir dos días por semana al juzgado, fueran siete», añadió el letrado defensor de Correa.
«Se lo han tomado con mucha dignidad», apuntó Navarro respecto a la acogida de la noticia de que iban a ir a la cárcel. «Saben que han de cumplir y aquí están para dar la cara. Han actuado con un gesto de colaboración», señaló el abogado. Respecto a la destrucción de pruebas, Navarro explicó que «los juicios [pendientes] ya están finiquitados, con toda la prueba preparada, no se puede destruir nada».
El abogado de Crespo advierte de la falta de accesibilidad
«Soy ciego, como es público y notorio. Puedo pedir que toda la documentación se haga accesible para ciegos porque ahora se está incumpliendo esta normativa». Así se manifestó ayer el abogado de Pablo Crespo, Miguel Durán (expresidente de la ONCE), respecto a los siguientes pasos que podría dar como letrado de la defensa. En este sentido, apuntó que «hasta ahora no lo había reivindicado» porque su defendido «conocía toda la situación», pero que ahora podría pedirlo o renunciar. Si renuncia, «a mi cliente se le asigna un abogado de oficio porque no se puede pagar otro -a mí tampoco me paga, lo hago por amistad- y en ese caso el propio tribunal y fiscalía ponen los cimientos para un pronunciamiento de nulidad, que se puede dar en el Supremo, en el Constitucional o en Estrasburgo», advirtió.
